Feijóo cede a la presión política y retira la ley de acuicultura

Era un naufragio anunciado. El presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo, anunció este miércoles la retirada del borrador de la ley de acuicultura apenas dos meses después de que se presentase a exposición pública cogiendo por sorpresa al sector que presentó alegaciones a la totalidad del texto en medio de intentas movilizaciones que no habían hecho más que comenzar.

Feijoo hizo este anuncio en la sesión de control del Parlamento, cuando contestaba al portavoz del BNG, Francisco Jorquera, que le preguntó si iba a retirar la ley de acuicultura después de acusar al PP de pretender con ella “privatizar o noso mar”.

Aunque el presidente se mostró partidario de “modernizar el sector de la acuicultura” dijo que la tramitación de la ley se parará “hasta que el sector vea que está hecha para ellos, para darle garantías, para que puedan obtener fondos europeos y para que puedan protegerse de las empresas que quieren especular y que no quieren crear puestos de trabajo”, informa David Reinero.

Se abre así un nuevo tiempo de diálogo con la Administración para las agrupaciones de mariscadores y mejilloneros a través de las distintas cofradías y asociaciones de bateeiros que están integrados en la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa (PDRA) que lleva dos años exigiendo a Mar un diagnóstico científico sobre los niveles de contaminación marina y de la mortandad masiva de berberecho común.

Para el sector, esta pretendida reforma del sector extractivo en Galicia “está hecha al dictado del lobby de la acuicultura industrial” acometiendo una reconversión que destruirá el tejido productivo actual. “No nace fruto del diálogo con las organizaciones de productores y se trata de un texto de marcado carácter neoliberal”, afirma, que deja en situación de desigualdad a los tradicionales sectores productivos al abrir la puerta a multinacionales acuícolas con solvencia financiera y mucho más competitivos en recursos técnicos y económicos.

Nunca antes un proyecto legislativo del Gobierno gallego había generado tanta contestación social y política como esta anunciada regulación de los recursos marisqueros que afecta a más de 30.000 familias en puestos de trabajo directos y que ha sido vendida como una ley necesaria y pionera por la Consellería do Mar que precisó cuatro años para elaborarla.

Una mayoría de alcaldes de ambos márgenes de la ría de Arousa se posicionaron abiertamente a favor del sector -que exigió la retirada del anteproyecto íntegro- y en contra de la falta de consenso que marcó la inoportunidad de una ley que fue presentada en plena campaña de las pasadas elecciones generales.

Los regidores críticos advirtieron que esa falta de consenso tuvo un alto coste político para el PP, en vista de los resultados catastróficos obtenidos en estos ayuntamientos costeros, principalmente en O Salnés.

El alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, fue el primero en lanzar las críticas luego secundadas por otros compañeros de partido en una reunión de la ejecutiva provincial al día siguiente de las elecciones. También del PSdG como el regidor de O Grove, José Cacabelos, pidió la retirada del borrador.

Durán fue el receptor de las quejas de los bateeiros, el sector con mayor repercusión económica en Vilanova que representa más del 60 por ciento del PIB en este ayuntamiento de 10.000 habitantes. Precisamente estos empresarios fueron los primeros en conocer la noticia el martes por la noche en una reunión que mantuvieron con el presidente del partido en Pontevedra, Rafael Louzán, quien les adelantó el anuncio que iba a hacer Feijóo al día siguiente.

“Yo no entro a valorar la ley, que puede ser buena, pero lo que no se debe hacer nunca en política es anunciar una ley dando un susto, y esto tiene luego un coste como el que ha tenido”, dijo ayer Gonzalo Durán.

“El presidente ha hecho lo que tenía que hacer porque recibió el aviso de que tenía que parar y esto es bueno para el interés de un enorme sector económico y para el partido”, aclaró Durán.

Para el regidor de Vilanova “no se puede presentar una ley sin consensuar a un mes de unas generales y a ocho meses de las autonómicas; esto es legislar a espaldas de la sociedad y ha provocado una sangría política evidente”, añadió.