Barcelona ordena el cierre de 400 pisos turísticos ilegales y multa a 500
Inspecciones y avisos ciudadanos permiten detectar mil viviendas al margen de la legalidad
![Clara Blanchar](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fd42eb252-3247-4bf8-a82a-dacbdd15cbda.jpg?auth=ba9ddd0a7ca3fedbe14dac9f45161dd845b3d85da5342303741f9efccd11c267&width=100&height=100&smart=true)
El Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado el cierre de casi 400 pisos turísticos ilegales y ha multado a casi 500 propietarios que operaban ilegalmente. Además, ha multado 226 viviendas turísticas legales y fruto de una revisión administrativa ha iniciado la revocación de licencia de otros 400 que no cumplen los requisitos preceptivos. Son algunos de los datos de balance de la tarea inspectora realizada en 2015 e iniciada por el exalcalde Xavier Trias al final de su mandato. Un trabajo durante el que se han detectado mil pisos turísticos ilegales.
![Centro de recepción de llamadas contra los pisos turísticos ilegales.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/E7TROD34K64UH4YF7IPGAFJYRA.jpg?auth=c0be97629e859c0c81659cf01cab48fdb1aa60c1bc182db8158f347e04316ecd&width=414)
"Seremos inflexibles en hacer compatible el turismo con garantizar el día a día y el descanso y la convivencia con los vecinos", ha asegurado este lunes la cuarta teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Janet Sanz, durante la presentación del resultado de las inspecciones. Casi 4.000 visitas in situ que se han producido o bien de oficio (2.146 por parte del reforzado cuerpo de inspectores) o por parte de agentes de la Guardia Urbana (1.816) que han actuado a raíz de avisos ciudadanos.
El objetivo de las inspecciones es combatir los apartamentos que se alquilan a turistas de forma ilegal y controlar las "distorsiones" que puedan generar en su entorno. Las llamadas ciudadanas al los teléfonos de información ciudadana 010 y 012 han sido una importante fuente de avisos, ha explicado Sanz. Durante todo el año se han recibido 3.000 llamadas sobre 2.400 apartamentos, y la mayoría se concentraron durante los meses de verano y en el distrito de Ciutat Vella.
Cuando se recibe una llamada, ha relatado la teniente de alcalde, se llama al propietario; si no responde o no colabora, se inicia un expediente sancionador de 900 euros. En paralelo, se avisa a la Guardia Urbana para que inspeccione la vivienda. Las multas a los pisos ilegales pueden alcanzar los 30.000 euros. En el caso de los legales, pueden ser de hasta 900 euros si no atienden o resuelven incidencias.
Refuerzo en la Barceloneta
Caso aparte es el del barrio de La Barceloneta, cuyos vecinos se rebelaron en verano de 2014 contra los apartamentos turísticos. En este caso, la zona, donde solo 72 pisos turísticos operan legalmente, cuenta con una oficina específica para denunciar. Ha recibido 250 avisos entre instancias, comunicaciones anónimas o llamadas. En la Barceloneta, además, el Ayuntamiento actúa sin esperar avisos, lo que ha permitido hacer 8.553 inspecciones.
En el barrio, los apartamentos que cuentan con la licencia preceptiva se identifican con una placa que lo indica. Son placas que se colocan junto a la puerta y en la que consta el número de licencia y el teléfono de contacto 24 horas que deben tener habilitado.
Oferta ilegal en internet
Janet Sanz ha recordado que Barcelona ha puesto el énfasis en detectar oferta ilegal en internet, para lo que en verano requirió a 22 plataformas digitales que publicitan viviendas de uso turístico que faciliten datos de las personas que alquilan sus viviendas, además de recordar que en los anuncios debe constar el número de inscripción en el Registro de Turismo de Barcelona. Actualmente el Ayuntamiento está haciendo el seguimiento de los requerimientos.
Además, y costeada con la parte del impuesto turístico que recauda Barcelona, el Ayuntamiento dispone de una Araña web o crawler que rastrea la oferta de pisos de alquiler y permite alertar a los inspectores de los que pueden estar alquilándose a turistas.
A raíz del uso de esta herramienta informática, en diciembre pasado el Ayuntamiento tramitó cuatro multas de 30.000 euros cada uno a las plataformas Airbnb y Homeaway –dos a cada una– por anunciar viviendas sin el número de Registro de Turismo de Cataluña (RTC) y por no aportar los datos solicitados por la Administración. Otra vía de lucha contra la oferta turística ilegal ha sido facilitar a Hacienda los datos de 779 propietarios de 986 expedientes.
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