La trama de cursos que investiga a cargos públicos salpica a Feijóo

Dos cargos de la Xunta de Galicia y uno del Servicio de Empleo Estatal han sido citados a declarar, junto con otras 22 personas, en calidad de investigados por el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña que instruye la Operación Zeta, la trama de los cursos falsos de empleo. Entre los nuevos implicados se encuentra Francisco Ramón de Lucas Blanco, conocido como Pachi Lucas, un amigo del entorno más íntimo del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quien los investigadores consideran el nexo entre la trama que captaba subvenciones para cursos de empleo falsos y la cúpula del PP. Lucas, sobre quien Fejóo nunca quiso dar explicaciones hasta que estuviera imputado, está acusado de un delito de tráfico de influencias.

La juez instructora ha emitido este viernes un auto en el que califica de “demoledoras” las conclusiones del informe realizado por la Agencia Tributaria sobre la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), presidida por el investigado Eliseo Calviño. La magistrada da por confirmados los numerosos indicios aportados por las diligencias practicadas desde hace más de un año. Los citados a declarar son supuestos colaboradores del entramado a los que se investiga por delitos de estafa agravada, fraude de subvenciones y falsedad documental.

La juez ha citado como investigados por prevaricación a tres cargos públicos: Ana María Díaz López, exdirectora de Formación de la Xunta y actual directora general de Conservación da Natureza en el gabinete de Feijóo; Pastor Fuenteseca Díaz, exdirector de Formación del anterior gobierno bipartito de PSOE y BNG; y Juan José Barrera Cerezal, cargo del Gobierno central.

La instructora de la Operación Zeta, un caso que ya provocó la dimisión de Odilo Martiñá, director general de Traballo de la Xunta, considera confirmados "con rotundidad"  los indicios sobre Pachi Lucas puestos de manifiesto por la investigación policial. Tanto el supuesto cabecilla de la trama, el militante del PP Gerardo Crespo, como la policía aseguran que el empresario madrileño afincado en Galicia era uno de los principales “abrepuertas” de la trama y que recibía por este supuesto servicio 3.000 euros al mes. En el auto de la juez se hace referencia a un correo electrónico en el que Lucas proporciona un número de cuenta bancaria a Crespo.

El pasado mes de marzo la juez dictó una providencia en la que pedía a la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la policía que le remitiese un informe con la relación “de las empresas que pudiera tener a su nombre” Lucas Blanco. Ordenó entonces remitir oficio al Ministerio para las Administraciones Públicas y a la Xunta para que certificaran si Lucas “ocupa cargo alguno o lo ocupó en su caso entre los años 2008 a 2012”, periodo en el que se centra la investigación. La UDEF considera al amigo del presidente de la Xunta un “intermediario” entre los imputados y la cúpula del PP y asegura que Lucas estaba a sueldo de la trama por realizar “gestiones de interés” como entrevistas e incluso “adjudicación y/o cobro de proyectos”.

En el auto dictado este viernes, la juez sostiene que los cargos públicos implicados en este caso mostraron “una total dejación en la verificación de los requisitos de concesión y justificación del gasto” y aprecia “indicios de connivencia con los principales actores de la trama delictiva” . La instructora destaca que a la vista de los informes obrantes en la causa, “el engaño” permitió a la trama “acceder a fondos públicos por importe superior a los cuatro millones de euros” presuntamente obtenidos de manera fraudulenta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Xunta de Galicia, la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del País Vasco y de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo del Servicio Riojano de Empleo.

El auto destaca que los ingresos de Caype por cuotas de supuestos afiliados “son inexistentes” y que los que figuran como donaciones “no se aplican a fin social alguno”. Precisa además la juez que la representatividad de la asociación era “nula” y que simulaba estar implantada en todo el territorio español mediante “sedes ficticias” y utilizando contratos de alquiler y de trabajo con el objetivo de captar fondos públicos destinados a actividades formativas.

La instructora atribuye a la empresa Azetanet, que dirigía el entonces militante del PP Gerardo Crespo, un papel fundamental en la trama ya que considera que no era una consultora de formación a la que se contrataba para desarrollar las actividades sino que “era ella misma la que desarrollaba la actividad peticional y de gestión de la misma”, incluyendo el control de las sedes ficticias de Caype.

Con relación a Azetanet, concluye la magistrada que se ha verificado la forma en que se instrumentalizaban los acuerdos y que “se ha descrito pormenorizadamente la cuantificación y destino de las cantidades detraídas” que superan los 2,8 millones de euros, “todos ellos procedentes de fondos públicos porque CAYPE no tenía otros ingresos”.