El exalcalde acusado de contrabando cierra un ventajoso acuerdo judicial

El exalcalde de Ribadumia (Pontevedra) por el PP, José Ramón Nené Barral, detenido en 2001 por contrabando, ha ganado. El que iba a ser su primer juicio penal que le sentaría en el banquillo el próximo miércoles en Pontevedra ha quedado aplazado hasta principios de mayo tras llevar semanas de negociaciones con Hacienda para lograr un ventajoso acuerdo por el que sus hijas quedarían fuera del proceso y él obtendría una sustancial rebaja penitenciaria y económica. Un tiempo muerto que le permitirá cerrar un acuerdo de mínimos con el fiscal y el abogado del Estado en cuyo caso la vista oral sería de puro trámite.

La condición inexcusable que puso la Agencia Tributaria para empezar a hablar con sus abogados es que pague la cantidad que contempla la ley para estos casos y que, según los cálculos, sería menos de la mitad del millón y medio de euros de ganancias patrimoniales no declaradas que le pedía el fiscal por dos presuntos fraudes a la hacienda pública de 2006 y 2007.

El exregidor popular más mediático por sus presuntas vinculaciones con el contrabando de tabaco por las que dimitió hace casi 16 años tendrá que consignar al fisco casi 700.000 euros. En esta suma se contempla la mitad de las cuotas supuestamente defraudadas de los dos ejercicios fiscales y el 65% de cada una de las multas, a lo que hay que sumar los intereses de diez años de demora en el pago tributario.

El que fuera uno de los presuntos tabaqueros más investigados hasta que cayó implicado con un alijo de tabaco incautado en 2001 por el Servicio de Vigilancia Aduanera y todavía pendiente de acusación ha conseguido que a cambio de asumir las cuotas defraudadas se le retire la acusación e indemnizaciones solicitadas para sus tres hijas. Una de ellas en calidad de autora material de los supuestos delitos y las otras dos como cooperadoras necesarias.

Pero además Nené Barral –que no tiene antecedentes penales- conseguirá rebajar hasta un grado la condena por cada uno de los delitos fiscales que solicitó el fiscal de Delitos Económicos de Pontevedra en su escrito de acusación. Así, el acuerdo finalmente se cerraría con una petición de año y medio de cárcel así como una reducción de al menos la mitad del tiempo de inhabilitación que se había establecido en cinco años, a efectos de obtener subvenciones y beneficios fiscales.

El abogado del Estado comunicó esta semana al fiscal Augusto Santaló un principio de acuerdo de conformidad que podría firmarse en próximas fechas. De no ser así porque Barral no depositara el dinero que reclama el fisco, entonces el juicio se celebraría la primera semana de mayo, tal y como estaba previsto.

El caso, que se inició con una investigación de Vigilancia Aduanera por un delito de blanqueo derivado de inversiones eólicas y acuícolas en China y Chile, se ha ido desinflando con el paso del tiempo tras más de cuatro de instrucción. La falta de pruebas documentales ha sido uno de los obstáculos para demostrar el blanqueo. La fiscalía envió varias comisiones rogatorias clave para el proceso a las autoridades chinas pero estas nunca contestaron, lo cual hizo rebajar las expectativas del juicio a pesar de que la acusación pública contaba con un testigo de cargo que había sido empleado de Barral en sus proyectos asiáticos.

La investigación de la Agencia Tributaria permitió constatar la presunta evasión fiscal desde 2006, cuando Nené Barral constituyó en las Islas Vírgenes Británicas la sociedad Fullest Bright Limited que transfirió dinero a sus filiales en varias ciudades asiáticas y sudamericanas. Las socias fueron las tres hijas del exalcalde del PP hasta que en diciembre de 2012 cesaron de sus cargos tras el nombramiento del chino Su Po Ling, supuesto testaferro de la familia Barral según sospechó la fiscalía.

Ese mismo año se creó una filial de la sociedad en la provincia de Shangdong destinada a la producción y tratamiento de mariscos En el entramado también aparece la sociedad Solid Excel Internacional Limited que opera en Hong Kong, así como Quingdao Vierna Win Power Co LTD dedicada a energía eólica. En Chile, la familia operaba a través de la sociedad Inversiones y Acuicultura NBD Limitada en la que también figuraban como socias las tres hijas de Barral Martínez. Su presunta cooperación llevó al fiscal a su imputación en el proceso y pidió para ellas penas de cuatro años de prisión.

Además de la multa de un millón de euros (500.000 por cada delito fiscal), el Ministerio Público había solicitado una indemnización solidaria al Estado de los cuatro procesados de 676.967 euros y, en una propuesta alternativa, que las tres hermanas indemnizaran al Estado con 458.000 euros.