La Asamblea designará un tribunal que vele por la buena gestión pública

La oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) ha votado en bloque en contra de que el Tribunal de Contratación Pública, con su presidente y dos vocales puestos a dedo por el Gobierno regional (PP), sume a sus competencias velar por la transparencia en sustitución del Consejo Consultivo que va a desaparecer. Las formaciones quieren que gestione la transparencia política un órgano independiente, cuyos miembros salgan elegidos por la Asamblea, que el Ejecutivo no sea juez y parte. Cada partido estudia ahora el modelo que desea.

 Todos los grupos están de acuerdo con que el Consejo Consultivo debe de desaparecer. Y con él las remuneraciones a los expresidentes regionales Joaquín Leguina (PSOE), Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González (PP), quienes cobran por reunirse una vez a la semana en el órgano —creado en 2007 por Esperanza Aguirre— 100.500 euros brutos al año, más coche oficial y asistente. Ahora cada grupo de la oposición elabora el modelo de órgano de transparencia que quieren para que controle y sancione a la Administración.

Los socialistas ya plantearon sin éxito que se cree una comisión de letrados y profesionales de la Administración “de reconocido prestigio”. “Queremos que incluya a personas que han destacado por su defensa de la Administración, para que la comisión tenga también una visión social, no solo jurídica”, sostiene José Manuel Franco, portavoz adjunto del PSOE. Los componentes deberían ser elegidos por al menos tres quintas partes de la Asamblea —para forzar el consenso— y tendría dedicación exclusiva durante seis años y el 80% de las retribuciones de un director general, unos 65.000 euros brutos al año.

“La Ley que quita el Consejo Consultivo es una chapuza. Una sucesión de parches”, dijo ayer en la comisión de presupuestos Miguel Ongil, diputado de Podemos. Su formación quiere que el órgano que sancione la transparencia “tenga el tejido jurídico de la Cámara de Cuentas, dependiente de la Asamblea. Queremos que tenga que presentar un informe anual y se le pueda llamar a consultas”. Ongil no quiere hablar de los nombramientos para “no politizar”.

Dolores González (Ciudadanos) cree, además, que un tribunal de contratación no tiene atribuciones para preocuparse de “elaborar un código de buen gobierno, un registro de lobbies, la publicación de las agendas del Ejecutivo...”. Su formación es partidaria de que se haga cargo de las tareas del Consejo Consultivo, al menos de forma provisional, el Consejo Nacional de Transparencia, creado en 2009. Y estudia copiar su modelo a escala regional.

En la comisión de Presupuestos, los socialistas no han conseguido, ya que solo tenía el apoyo de Podemos, que no desaparezca el Juzgado Territorial de Expropiación. “Lo forman 11 funcionarios, por lo que así no se adelgaza la Administración, y merma la capacidad de los ayuntamientos de ajustar los justiprecios”, se lamentó la diputada Reyes Maroto.

En 2014, la Comunidad fue designada por Transparencia Internacional como la región española más opaca: sin ley propia ni ventana de datos en Internet. El portal ya existe, pero no están colgados aún los contratos públicos de menos de 18.000 euros, que son sin concurso.