La vida en casa de nadie

Un retrato de Ángel Mendieta y su mujer, abrazados y sonrientes, convive en la mesa del salón con una montaña de documentos. También son parte de su vida. Entre los papeles, perfectamente dispuestos, el primer contrato de la casa en la que viven desde hace 15 años. Lo firmaron el 11 de diciembre de 2000 con Metrovacesa, la empresa que construyó las 124 viviendas de protección oficial que conforman los bloques de ladrillos que se alzan en Laponia, una calle casi desértica de Moratalaz. Lazora, un fondo de inversión surgido de la fusión de Larcovi y Azora, adquirió el inmueble en septiembre de 2010 en una subasta, en la que se hizo con la propiedad de 630 viviendas. Los propietarios anteriores estaban endeudados y se desprendieron de ellas. Nadie se dirigió entonces a los arrendatarios, en cuyos contratos figuraba una claúsula de adquisión preferente. "Ni siquiera la Comunidad de Madrid" (las casas eran una promoción del IVIMA), se queja Mendieta.

"Quedamos muy pocos vecinos de los que comenzamos viviendo aquí", subraya este vecino que, en 2012, se enfrentó a una demanda de desahucio. Lazora pretendía sacarlo de la vivienda por no querer firmar "un nuevo contrato con nuevas condiciones". Entre ellas se encontraba la pérdida del derecho a compra. La mayoría de los vecinos firmaron y poco a poco fueron abandonando el bloque. Ángel y su mujer, Cristina Rodríguez, se resistieron a hacerlo. Ganaron el juicio a los propietarios y, desde entonces, consideran que la vivienda debe ser de su propiedad. "He pagado 130.000 euros, tres veces el valor de la casa", asegura.

Cada mes, el banco retira 830 euros en concepto de alquiler de la cuenta de los Mendieta, pero él no tiene contrato ni sabe cuáles son sus circunstancias. En la misma encrucijada se encuentran varios vecinos del bloque, entre ellos Santiago López, de 57 años. Su mujer sufrió un ictus en 2012. En abril de ese año escribió una carta a Lazora, a los que paga 865 euros al mes, para que acondicionaran la casa a las necesidades de su esposa, que tiene un 83% de minusvalía. Según López, desde entonces nadie ha atendido su petición en Lazora. EL PAÍS tampoco ha conseguido obtener la versión de la empresa.

Mientras tanto, la familia Mendieta vive con incertidumbre y tristeza, un estado que refleja Otto, su perro, un Coquer negro que no levanta la mirada del sofá en el que reposa. En esta casa de 74 metros cuadrados han construido un hogar. Entre sus paredes están los recuerdos de los primeros pasos de su hija, que ahora tiene 9 años. No quieren perder lo que tanto esfuerzo les ha costado, como han perdido las herramientas que utiliza Ángel para pintar, que es su profesión. Estaban en un cuarto que Metrovacesa le cedió en 2006. El 30 de noviembre, el portero del edificio tocó a su puerta acompañado de tres "matones" para comunicarle que los utensilios habían sido cambiados de lugar. Mendieta denunció. "Ahora les llamo y me dicen que han tirado mis cosas, que es como tirar 15 años de mi vida".

Juan Carlos González, el portero, asegura que Ángel Mendieta no tenía un contrato firmado con Metrovacesa para disponer del bajo en el que guardaba los materiales, por eso los propietarios actuales han llegado al extremo de retirar las herramientas de "un espacio que podría estar utilizando cualquier residente".

Lo que no sabe Juan Carlos es si esa decisión de Lazora es una represalia contra Mendieta, al que acusa de haber ayudado a una mujer con dos hijas, una de ellas menor, de okupar su vivienda contigua hace dos meses. "Se conocían, porque la okupa me dijo que ya había vivido aquí antes. Sus hijas han venido en verano para cuidar de la hija de Mendieta, que le ayudó con su furgoneta a hacer la mudanza", asegura el portero. Ángel lo niega, pero confirma que ahora sí ayuda a Carmen Fajardo, de 45 años, por cuestiones de "humanidad". Su nueva vecina ha tenido problemas con su expareja y, además, está en tratamiento para superar el cáncer que padece.

"Ellos no quieren que les ayude, quieren que se vaya, y para ello presionan trayendo matones", relata Ángel. Y añade: "Vi al portero zarandear a Carmen y me tuve que enfrentar a él. Luego, uno de los tres guardas de seguridad que puso Lazora cuando se okupó la vivienda me dijo que se iba a liar la manta a la cabeza y que le daba igual la policía". Otro agente, grabó con el teléfono a la hija adolescente de Carmen. "Se lo dijimos y desde entonces no han vuelto a aparecer", sostiene la mujer, que trabaja ocho horas como limpiadora y apenas gana 650 euros, con los que no puede pagar una vivienda. "Me hicieron saber que iban a hacerme la vida imposible: tolerancia cero", recuerda.

"Esta gente de Lazora trabaja así, cuando les cuesta desahuciar, manda a sus matones a amedrendar a la gente", opina Adrián Pérez, de la Asamblea de Viviendas, la plataforma de activistas que encontró un hogar para Carmen Fajardo. Un colaborador les informó de que en este edificio existían casas vacías, comprobaron que no pertenecía a un particular y se la ofrecieron a Carmen, que lo vio bien porque su hija menor está escolarizada en el barrio y no era buena idea cambiarla de centro. "Ella no vivió nunca en ese bloque, es falso. Está ahí porque no se puede permitir pagar 900 euros, que es lo que vale un alquiler en esa zona", concluye Adrián Pérez.

Carmen no tiene donde ir,  aunque fuentes municipales aseguran que Servicios Sociales está estudiando el caso para adoptar la mejor decisión. Ella desea que todo se solucione pronto, no quiere molestar, aunque para ello tenga que volverse a mudar. La situación de su vecino es diferente. Ángel dice que no quiere que nadie le robe el futuro que su familia ha construido. "Yo quiero quedarme en mi casa, pero mi mujer se quiere ir, está muerta de miedo. Tiene ataques de nervios y llora mucho".