Caso Castor, sellado pero activo

Ya no tiene gas y le falta poco para ser sellado definitivamente, pero el proyecto Castor sigue activo en los tribunales, en Europa y ahora ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ha presentado ante Competencia una denuncia para pedir la suspensión urgente del aumento tarifario en los recibos de gas de los consumidores. “Vamos a asumir un pago por un servicio que no recibiremos. Además, las prisas por aprobar el real decreto y la adjudicación sin concurrencia ni publicidad a Enagás, le ha dado a esta firma una posición privilegiada sobre el resto de las empresas del sector”.

Así lo explica Cristina Sánchez, miembro de la Plataforma, que se refiere al decreto por el que, de forma urgente, se indemnizó a la empresa concesionaria de Castor, Escal UGS (participada en un 66,7% por la firma ACS), y se pasó la gestión de la planta a Enagás Transporte, que asumía esta indemnización y las inversiones necesarias para el sellado del Castor. Enagás recuperará su inversión en los próximos 30 años a partir del recibo del gas de los consumidores. La Plataforma calcula que el montante total superará los 4.000 millones de euros.

Pero la Plataforma no se queda ahí. Sánchez también ha anunciado una reclamación ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Unió Europea en la que solicitan el resarcimiento a los hábitats naturales afectados por la instalación de la planta terrestre y sobre todo del gasoducto que comunicaba con la planta marina. El objetivo de esta segunda reclamación, según Cristina Sánchez, es “que nos digan qué ha pasado y que se depuren responsabilidades ante una infracción grave de directivas ambientales”.

Las dos denuncias coinciden en el tiempo con las declaraciones por el caso Castor en el juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga presuntas irregularidades en la concesión de autorizaciones, ante el que ya han desfilado 16 de los 18 imputados. De ellos, una de las más destacadas fue la declaración Recaredo del Potro, presidente del consejo de administración de Escal-UGS, la concesionaria del Castor.

Del Potro “se presentó en Vinaròs como un rey midas, no faltaba a ningún acontecimiento local, patrocinó eventos y prometió cerca de 200 puestos de trabajo

Del Potro atribuyó los terremotos de la zona a una “ casualidad y coincidencia en el tiempo”, y eliminó cualquier relación entre la inyección de gas en la planta y los movimientos sísmicos. También le restó importancia a la intensidad de los mismos y los comparó con “la vibración que experimenta la fachada de un edificio cuando le pasa un camión por delante”. Esta comparación indignó especialmente a vecinos y asociaciones de Vinaròs y de la zona afectada por los sismos. “No era un camión, era un terremoto de 4,3, y los que vivimos los terremotos lo pasamos muy mal, pasamos noches sin dormir y con miedo por nuestros hijos y por nosotros. Ahora no puede venir a reírse de nosotros y a tomarnos el pelo”, lamenta Evelio Monfort, miembro de la plataforma ciudadana de defensa de les Terres del Sénia.

La figura de Del Potro genera especial irritación entre aquellas entidades que se opusieron al proyecto. “Eran conscientes de lo que hacían. Estaban desarrollando un pelotazo que la naturaleza se ha encargado de desmontar con terremotos”, explica Joan Ferrando, presidente de la Plataforma. Para Ferrando, Del Potro “se presentó en Vinaròs como un rey midas, no faltaba a ningún acontecimiento local, patrocinó eventos y prometió cerca de 200 puestos de trabajo, pero todo era humo y a los que protestamos desde un primer momento, nos humilló, se rió de nosotros y nos acusó de alarmistas y envidiosos”. En el proceso, aún quedan dos representantes de la empresa por declarar como imputados.

Fueron hasta 500 movimientos sísmicos, que ganaron intensidad conforme avanzaba la inyección del gas colchón

Junto a la representación de la empresa, de la cual han declarado cinco miembros más del Consejo de Administración, el juez también ha escuchado las explicaciones de responsables del Instituto Geológico Minero de España, IGME, y de los Ministerios de Medio Ambiente e Industria quienes negaron el conocimiento de los riesgos sísmicos. Evelio Monfort, miembro de la plataforma, cree que las declaraciones de los técnicos demuestran su profesionalidad. “Eso es una de las primeras obligaciones cuando uno hace una perforación, ellos mismo se están diciendo: yo soy un inepto. Los vecinos esperamos ir a juicio y que se haga justicia. Yo no quiero que nadie vaya a la cárcel, pero quiero que les digan que son culpables y que se sepa que esas cosas no se pueden hacer”.

Historia de un fracaso

El proyecto Castor se aprobó en 2008 para cubrir el suministro de gas en momentos de desabastecimiento. Era un almacén estratégico, el quinto más grande del país, con capacidad para 1.900 millones de metro cúbicos. Todo ello aprovechando una planta ya existente a 22 kilómetros frente a las costas de Vinaròs (Castellón). El proyecto contemplaba la construcción de una planta terrestre, en el mismo municipio, y una canalización subterránea hasta la planta marina, como gasoducto.

En el verano de 2013 la empresa concesionaria, Escal UGS, comenzó a inyectar el denominado gas colchón, como paso previo al almacenaje. Días después, el municipio de Vinaròs percibió los primeros terremotos. Este fue, según Joan Ferrando, el peor momento. “Cuando el Observatorio del Ebro le dijo a Escal que era preocupante el nivel de los terremotos, la empresa no hizo caso y continuó. Lo tenemos estudiado, cuando se inyectaba gas a más potencia, a las pocas horas, se producía un terremoto más fuerte. Podría haber pasado algo muy grave”.

Fueron hasta 500 movimientos sísmicos, que ganaron intensidad conforme avanzaba la inyección del gas colchón. El más intenso fue de 4,2 y se notó desde Càlig (Castellón), hasta San Carles de la Ràpita (Tarragona). Desde el inicio de los temblores, los vecinos de la zona se movilizaron en contra del proyecto y lamentaron la escasa información que habían recibido sobre lo que era exactamente Castor. El gobierno ordenó el cierre de la instalación y la empresa concesionaria fue indemnizada 1.350 millones.