Iberpotash renueva por 30 años una reserva minera en el Bages
La compañía minera cuenta con autorizaciones para explotar casi 70.000 hectáreas
Iberpotash aumentará su zona de explotación minera en el Bages. Su matriz, la israelí ICL, ha anunciado que ultima la renovación de varias licencias de subsuelo que todavía no está explotando. En un comunicado, el grupo señala que ya ha obtenido la mayor parte de la aprobación administrativa y que prevé culminarla en breve. Fuentes de la compañía señalaron que la extracción de potasas en esos nuevos terrenos no figura todavía en los actuales planes de Iberpotash en su Plan Phoenix, con el que prevé invertir 450 millones de euros para aumentar su producción de potasas, fabricar sales para uso industrial y construir instalaciones para impulsar la exportación.
La compañía ya tenía los derechos sobre esos terrenos, pero decidió renovar las autorizaciones antes de que estas expiraran. De esa forma, evita que se pueda abrir un concurso en el que otra empresa pueda pujar por los terrenos. Iberpotash señala en su memoria de 2014 que cuenta con 42.489 hectáreas y otras 26.809 en Lleida (que no explota) de terrenos con autorizaciones vigentes, lo que le supone el pago anual de 150.000 euros en tasas a la Generalitat y el Estado. Según la compañía, todas sus autorizaciones mineras están actualmente validadas y no empezarán a expirar hasta el año 2037.
Iberpotash trata ahora de regularizar también la situación de su mina de Sallent, que está amenazada por una sentencia del Tribunal Supremo, tras la denuncia efectuada por la Asociación de Vecinos del barrio de la Rampinya. Según la demanda, la compañía minera debe dejar de arrojar residuos salinos al Cogulló, al no tener plan de restauración. Por ello, la Generalitat firmó un convenio con la compañía que, entre otras cosas, le obliga a presentar antes de que finalice el año un plan global de restauración de El Cogulló, una mole blanca que ha crecido con la acumulación de residuos salinos generados por la extracción de potasas. Esa montaña artificial, a la que se le acusa desde los juzgados y la Comisión Europea, de salinizar el subsuelo y el río Llobregat, podrá ser retirada en un plazo de cincuenta años.
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