El Área Metropolitana rechaza la autopista eléctrica por Collserola
Reclama al Gobierno central que no fragmente la evaluación ambiental del proyecto
El pleno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) reiteró ayer su rechazo a la construcción de una línea de 400 kilovoltios (kV) que una Santa Coloma de Gramenet y Sant Just Desvern a través de la sierra de Collserola, un parque natural protegido. La declaración institucional aprobada critica la planificación de la infraestructura eléctrica del Ministerio de Industria y de la compañía Red Eléctrica de España (REE) al considerarla “manifiestamente innecesaria” y reclama al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que evite que la evaluación medioambiental se pueda hacer de forma simplificada y fragmentada, a lo que se opondría incluso la Comisión Europea.
El temor de los ayuntamientos metropolitanos radica en el hecho de que se inicie un procedimiento simplificado que les impida efectuar alegaciones e influir en el proyecto.
“REE intenta poner en marcha el anillo de 400 kv de forma fragmentada para evitar hacer los estudios de impacto ambiental”, criticó ayer la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, que el pasado año paralizó los trabajos de REE para construir una subestación eléctrica habilitada para una línea de muy alta tensión. Los municipios consideran que esa infraestructura no tiene ningún sentido de ser a no ser que se quiera prolongar la línea posteriormente a través de Collserola, como está previsto.
La última planificación del Ministerio de Industria considera que la subestación de Santa Coloma de Gramenet esté construida y puesta en marcha en 2017 junto a una línea de 400kV desde Pierola. Por su parte, la autopista eléctrica por Collserola no se construiría hasta después de 2020, según otro documento aprobado por el Consejo de Ministros, pero Industria ha abierto una vía para que se pueda iniciar ya su tramitación administrativa, lo que permitiría ganar tiempo.
El AMB considera que la nueva evaluación ambiental tiene que analizar la infraestructura al completo, incluyendo la posibilidad de que no se construya nada. De otra forma, considera la resolución aprobada ayer, el Gobierno estaría “vulnerando la ley, menospreciando la posición de las instituciones comunitarias y hurtando a la ciudadanía el derecho a participar”.
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