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El tesorero de CDC vuelve a su cargo tras pasar tres semanas en prisión

Andreu Viloca, imputado por el 'caso 3%', ha estado en un módulo especial para condenados por corrupción y policías

El tesorero de CDC, Andreu Viloca, saliendo de la cárcel.
El tesorero de CDC, Andreu Viloca, saliendo de la cárcel.

El tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Andreu Viloca, mantiene “toda la confianza” del partido pese a su imputación por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. La confianza en Viloca es tal que CDC no solo le pagó la fianza (de 250.000 euros) para que abandonara la cárcel después de 21 días entre rejas, sino que le ha permitido seguir ejerciendo su cargo como responsable de finanzas. Viloca, que ya se ha dejado ver por la sede central del partido para retomar sus tareas y ocupar de nuevo su despacho, permaneció ingresado en un módulo especial de la cárcel de Quatre Camins destinado a condenados por corrupción y a funcionarios policiales.

La Audiencia de Tarragona dejó hace una semana en libertad bajo fianza a Viloca, pero le obligó a comparecer semanalmente ante el juez. El lunes, acudió a la cita por primera vez. El tesorero, de 66 años, llegó a la Ciudad de la Justicia de Barcelona acompañado por su abogado, el penalista Javier Melero. Viloca expresó preocupación respecto al vínculo que debe mantener a partir de ahora con el partido, consciente de que “todos los focos” están puestos sobre él.

El caso es que, en estos primeros días de libertad recobrada, Viloca ya se ha dejado ver por la sede central de Convergència, en la calle de Còrsega de Barcelona. Y ha vuelto a ocupar su despacho de tesorero, el mismo que ha sido registrado dos veces por la Guardia Civil en busca de pruebas del pago de comisiones ilícitas al partido. “Aún está cansado del paso por prisión, pero ya va viniendo algunas horas. La confianza en él es total”, explican fuentes del partido.

Viloca está imputado en el caso 3% por media docena de delitos que incluyen cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos públicos y blanqueo de capitales. Junto a él fueron arrestados, el pasado 21 de octubre, Josep Rosell —número dos de Infraestructures.cat, la mayor licitadora de obra pública de la Generalitat— y una docena de empresarios.

Estancia “tranquila”

El juez de El Vendrell (Tarragona) que investiga el caso envió a Viloca a prisión ante el riesgo de que destruyese pruebas: en el primer registro de su despacho, los agentes encontraron papeles en una trituradora que han resultado ser relevantes para la investigación. El tesorero ha pasado 21 días en una celda ubicada en el Departamento de Medidas de Seguridad de la cárcel de Quatre Camins. Es un área para personas que precisan protección especial. Suelen ocuparla empresarios y cargos públicos condenados por delitos de corrupción, además de policías y otros funcionarios.

Su estancia en la prisión ha sido “tranquila”, sin sobresaltos. Viloca, según fuentes penitenciarias, ha quedado sorprendido por el alto grado de “compañerismo” entre los presos. Los últimos días, sufrió un proceso gripal.

Un año de papeles

La Fiscalía Anticorrupción se opuso a su puesta en libertad por temor a que destruya más pruebas. Los investigadores consideran que Viloca fue solo un “instrumento” al servicio de altos responsables del partido. Éstos orquestaron, según su tesis, el pago de comisiones a través de las fundaciones de CDC. Pese a dejarle en libertad, la Audiencia de Tarragona impuso a Viloca una fianza de 250.000 euros por su “elevada capacidad económica” y porque se ignora el “rendimiento” que obtuvo con la “presunta actividad ilícita”.

En la vista para decidir sobre la situación de Viloca, el fiscal argumentó que el tesorero podría “comprometer” nuevas “diligencias”. Y agregó que la Guardia Civil está analizando ahora la ingente documentación incautada en los registros de las sedes de Convergència, de Infraestructures.cat y de diversas empresas. El análisis de esos papeles, apuntó, “puede durar un año”, con lo que se prevé una instrucción compleja. El caso 3% sigue bajo secreto de sumario.