Aduanas rastrea supuestas facturas falsas pagadas por la Xunta

La juez Pilar de Lara acaba de autorizar a los agentes de Aduanas que tiran del hilo infinito de la corrupción mientras desenmarañan el ovillo del caso Pokémon a indagar en las supuestas relaciones tejidas entre un “conseguidor” o “abrelatas” de la trama, varios departamentos de la Xunta y más de una docena de empresas, algunas tan conocidas como Blusens, el grupo Isolux Corsán o Espina Obras Hidráulicas. Al tiempo que entra de lleno a investigar el Ayuntamiento de Pontevedra, gobernado por el BNG, y profundiza sus pesquisas sobre supuestos sobornos a cargos del PP en Asturias, la operación judicial pone el foco ahora en un personaje que fue detenido en febrero de 2013, poco después de estallar el caso, y ocupó un segundo plano estos años: Jesús Fuentes Maceiras, un hombre con contactos en diversas Administraciones, amigo de empresarios y políticos, supuestamente, de varios partidos, al que, durante un registro domiciliario, se le incautaron facturas que no constaban en la base de datos de la Agencia Tributaria, y alguna, en concreto, con un CIF inexistente. Entre estos documentos bajo sospecha, buena parte de ellos por importes de más de 11.000 euros, hay varios en los que figuran como pagadores la Dirección Xeral de Turismo de la Xunta o la Consellería de Innovación.

En un auto con fecha del pasado día 9, la magistrada da vía libre a los agentes que trabajan a sus órdenes para seguir rastreando estas facturas. De momento, en el sumario se acaba de incorporar un informe ampliatorio de 99 folios en el que se explica que en varias de estas figura el sello de la Dirección Xeral de Turismo o frases escritas a mano en las que se sugiere (supuestamente a Fuentes Maceiras) “detalla un poco el gasto”. En todas ellas “el concepto es muy genérico”, explican los investigadores, “como organización de encuentros o promoción”. Hay dos por 11.948 euros que son calcadas, y llevan incluso la misma fecha, aunque en una de ellas pone “organización e xestión do encontro cultural empresarial Galicia México” y en otra “organización e xestión do encontro cultural empresarial Galicia Panamá”. En la primera aparece el sello de conformidad del director general, a la sazón Rubén Lois, su firma y, al margen, la palabra “anular”. En alguna se indica como concepto la promoción del Camino de Santiago, en otras, “gastos de representación” o, simplemente, “servicios prestados de consultoría”.

Además de las correspondientes a la etapa de Rubén Lois, una de las facturas que aparecen recogidas en el informe judicial, por 11.600 euros, es por la “participación de Carmen Pardo” (que con la llegada de Feijóo a la Xunta sustituyó a Lois en el cargo) en un programa televisivo. También hay varias extendidas a la Consellería de Innovación e Industria, de la que dependía Turismo con el bipartito, en las que como concepto figura el pago de diferentes gastos del equipo Blusens de motociclismo. Y un año después de la factura referida al encuentro empresarial en Panamá hay otra por aproximadamente el mismo importe y el mismo concepto.

En el registro también apareció el cobro, presuntamente inflado, al Ayuntamiento de Lalín, de dos enciclopedias gallegas a un precio muy superior al de mercado. Durante un largo interrogatorio en el juzgado de Instrucción 1 de Lugo, la magistrada le preguntó a Fuentes Maceira por su relación con el anterior alcalde, Xosé Crespo. Supuestamente, el “conseguidor” habría querido aprovechar su amistad con el regidor popular para que este le abriese la puerta de la Diputación de Pontevedra con el fin de que la empresa GRS Arc Local fuese la adjudicataria de un concurso público. Si lo lograba, reconoció Fuentes al declarar ante De Lara, la empresa catalana lo recompensaría con un porcentaje del 6%. Esta firma aparece vinculada en sus supuestas actividades ilícitas con Aquagest en el sumario Pokémon, tanto en Galicia como en Asturias.

Aduanas subraya que hay también varias facturas de Fuentes Maceiras en 2001 a la empresa Plexus con el concepto de “asistencia técnica de mercado” o similares generalidades. “Plexus es una empresa que factura a la Xunta y otros organismos públicos”, recuerdan. “El CIF que figura es inexistente”, revelan a continuación.

En su auto, la juez ordena librar oficio a la Xunta para que “informe sobre todos los contratos y servicios celebrados” con Plexus, Blusens y otras empresas que, según sospecha, guardan relación con Fuentes Maceiras. De Lara reclama a la Administración autonómica toda la documentación que tenga que ver con esto y los nombres de todos los “funcionarios que hubieran participado en la contratación”. Algo equivalente le exige al Ayuntamiento de Lalín.

Fuentes Maceiras es presuntamente uno más de los personajes que aparecen definidos en la trama como “abrelatas”, que despejan el camino para que las empresas penetren en la Administración y logren información privilegiada y trato de favor a la hora de hacerse con contratas públicas. A cambio podría haber recibido dinero, pero también otro tipo de ventajas, como el enchufe de alguna persona próxima. En Asturias, a sueldo de Aquagest y también en relación con GRS Arc Local, ese papel lo ocupaba un miembro del PP, Joaquín Fernández Díaz; mientras que en Galicia, muchas veces trabajando codo con codo, supuestamente se distribuían la tarea Ángel Espadas, jefe de gabinete con Conde Roa en el Ayuntamiento de Santiago, y Fuentes Maceiras.

Éste es el mismo intermediario que aparecía en aquel episodio en el que Paula Prado, exportavoz del PP en el Parlamento gallego, cuando era concejala del consistorio compostelano autorizó una factura inflada como pago del espectáculo infantil La Abeja Maya. En relación con Jesús Fuentes hay abundantes pinchazos telefónicos. En concreto, en las conversaciones referidas a aquella factura, Prado se jactaba de haberle metido “un gol a Currás”, el alcalde del PP que sucedió a Conde Roa cuando se precipitó la imputación de este por fraude fiscal y, en referencia a los 3.000 euros de más que presuntamente se quedaría el mediador, Jesús Fuentes, decía “que los disfrute”. El Tribunal Superior de Xustiza, no obstante, archivó toda la parte referida a la diputada, en calidad de aforada, sin dar explicaciones a este hecho.