La juez acelera el caso en el que están imputados dos exdirectores de Vaersa

La juez ha acelerado la causa judicial contra dos ex directores generales de la empresa de aprovechamiento energético de residuos de la Generalitat, Vaersa, por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. La magistrada instructora ha dividido en dos piezas separadas el procedimiento "a los efectos de impulsar y agilizar" la investigación.

Los exresponsables de la empresa imputados en ambas piezas, Enrique Simó y Felipe Espinosa, rechazan las acusaciones. Simó es el ex alto cargo que, según ha denunciado esta semana la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, utilizó presuntamente de forma irregular, después de haber dimitido, un coche oficial de la Generalitat durante seis meses.

La primera pieza separada creada por la magistrada Silvia Vivó se refiere a la presunta malversación con motivo de la contratación de Vaersa de los servicios jurídicos de un abogado. La empresa ahora dependiente de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, pagó 470.000 al letrado por labores "que no responden a trabajos individualizados". La juez señala, citando la denuncia original de la fiscalía, que el abono se justificó aludiendo a la "redacción de escritos, contratos, consultas verbales, informes y reuniones de empresa".

El dinero fue pagado entre 2008 y 2011. La magistrada indica que, en paralelo, Vaersa pagó al abogado por servicios "concretos" 1,8 millones de euros más. La fiscalía consideró el hecho constitutivo del delito de malversación de caudales por el aprovechamiento presuntamente irregular por parte de un tercero de recursos públicos.

Contratación irregular

La segunda pieza separada se abre por el mismo delito, además de por el de prevaricación, con motivo de la contratación de vehículos todoterreno por parte de Vaersa. Una adjudicación que ascendió a 1,4 millones de euros y que según la fiscalía fue irregular "en el aspecto formal y el material, es decir, tanto en la forma de contratación como en la cuantía del dinero destinado al efecto".

La magistrada menciona un informe solicitado a la Intervención de la Generalitat en el que se "constata que efectivamente existen irregularidades en la contratación de los vehículos de suma importancia, afectando a la forma en que se hizo la contratación y al fraccionamiento final del contrato al objeto de saltarse el procedimiento administrativo legalmente establecido" puesto que el director general "dada la cuantía del contrato, que excedía de 300.000 euros carecía de facultades para el otorgamiento del mismo", como sucedió.

La Intervención constató en el dictamen, que la juez recuerda que fue emitido "tras diversas peticiones de documentación", que Vaersa no se ajustó a "lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público" al no sacar el contrato a licitación pública. Y también detectó "irregularidades en la emisión de una factura" de 90.000 euros a la empresa suministradora de los todoterreno "para realizar obras en los vehículos adquiridos". Así, "26 de los vehículos en los que se dice que se realizaron obras de acondicionamiento fueron adquiridos con posterioridad a la emisión de la factura".

El órgano de control interno de la Generalitat añadió en su dictamen "lo irregular de realizar dichos acondicionamientos dado el precio abonado por dichos vehículos" e instó a comprobar "si existían ya vehículos de similares características en el mercado". Los hechos fueron denunciados inicialmente por los sindicatos UGT y CGT.

La magistrada considera en los autos judiciales de formación de piezas separadas, contra los que cabe recurso, que ambas piezas pueden ser investigados y enjuiciados de forma independiente "sin menoscabo ni ruptura de la continencia de la causa". El mismo criterio que mantiene la fiscalía.

No devuelve el pasaporte

La juez rechaza en otro auto la petición de uno de los exdirectores de Vaersa imputados, Espinosa, de devolverle el pasaporte. El excargo  público había solicitado la devolución con motivo de su nuevo trabajo, el de asesor en fiscalidad internacional, que le obliga a viajar. "Si el trabajo de Espinosa en China constituye su actual medio de vida" ese hecho representa al mismo tiempo un peligro de evasión "al hallarse en un país extranjero, sin conexiones formales de cooperación procesal con España", resuelve la magistrada.

Tampoco acepta la juez devolver al exdirector de Vaersa "un dispositivo electrónico para realizar transferencias on line de Bank Of China", varias tarjetas de crédito y 34.000 euros en efectivo que le fueron incautados durante el registro de su domicilio en junio de 2014.