La Comisión Europea recibirá a víctimas del accidente de Santiago

El presidente de la plataforma de víctimas del accidente de tren de Santiago, Jesús Domínguez, mantendrá el próximo martes en Bruselas reuniones con varios cargos de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo con competencias en materia de transporte, a los que transmitirá el posible incumplimiento de varias normas comunitarias en el siniestro que el 24 de julio de 2013 costó la vida a 80 personas y dejó 144 heridos. Los encuentros han sido gestionados por la portavoz europea del BNG, Ana Miranda, que también facilitará que se proyecte en la Eurocámara el reciente documental sobre el accidente patrocinado por las víctimas.

Domínguez se reunirá en primer lugar con Olivier Onidi, director al cargo de la Red Europea de Movilidad, en el tercer nivel del escalafón por debajo de la comisaria europea de Transportes, la eslovena Violeta Bulc, y, según destacan BNG y víctimas, responsable en materia de seguridad ferroviaria. Tras esa reunión, y a las puertas del edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea, habrá un acto simbólico de recuerdo a las víctimas. Posteriormente, ya en el Parlamento Europeo, Domínguez mantendrá sendos encuentros con diputados miembros de la Comisión de Peticiones, ante la que las víctimas presentaron hace un año una denuncia, y con el presidente de la Comisión de Transportes, Michael Cramer, verde alemán integrado en el grupo Alianza Libre Europea (ALE), al que también pertenece el BNG. Por último, en una sala de la Eurocámara, se proyectará el recién estrenado documental que resume las sucesivas deficiencias en la seguridad de la línea y en la instrucción judicial que se han venido desvelando en estos casi dos años y medio.

Las víctimas de Angrois tratan de demostrar que algunas de las mermas de seguridad que presentaba la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago en la que ocurrió el accidente, financiada con fondos comunitarios, implicaron el incumplimiento de normativas europeas. Entre otras cuestiones, consideran que Adif no analizó como obligan las normas comunitarias el riesgo que supusieron sus decisiones de recortar tanto en la línea como en los trenes el uso del sistema de control constante de la velocidad propio del AVE, el ERTMS (sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario, en sus siglas en inglés). Las víctimas también creen que se incumplió la normativa europea sobre publicidad engañosa, ya que ni la línea ni el tren contaban con los sistemas de seguridad que se anunciaron durante sus inauguraciones. Igualmente, censuran que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) que analizó el siniestro, en la que se ha apoyado también la instrucción judicial, no fue independiente como exige la UE ya que había sido nombrada por el Ministerio de Fomento.

Ni estas ni otras deficiencias de seguridad detectadas en la línea Ourense-Santiago y en el tren Alvia han sido consideradas relevantes penalmente por el segundo instructor de la causa, el juez Andrés Lago, que el pasado 7 de octubre propuso el cierre de la investigación con el maquinista, Francisco José Garzón, como único imputado. El fiscal del caso, Antonio Roma, respalda esa decisión y pide cuatro años de cárcel para el conductor, quien admitió que se despistó y no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois tras recibir una llamada telefónica del interventor del tren. Ni en las vías ni a bordo estaba activo ningún sistema capaz de evitar su exceso de velocidad. Ahora la Audiencia Provincial de A Coruña deberá decidir si se cierra ya la instrucción y se fija fecha para el juicio, como piden el juez y el fiscal, o si se reabre la investigación como piden las víctimas y el abogado del maquinista.