La Generalitat incumple los objetivos de lucha contra el fraude fiscal

El Ejecutivo de Artur Mas acelera el diseño de la nueva Hacienda catalana para que el Parlament empiece a tramitar su creación en un mes. De momento, la actual Agencia Tributaria de Cataluña se da de bruces en su plan para combatir el fraude el fiscal. Según la memoria del organismo de 2014, la recaudación derivada de la lucha contra la economía sumergida volvió a caer el año pasado al alejarse de los objetivos que fijados por el Ejecutivo catalán, en especial para los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Sucesiones y Donaciones (ISD) La recaudación por ambos tributos fue de 91,7 millones, el 32% menos que en 2013, al haber logrado solo el 86% de las 31.940 actuaciones programadas. La ATC admite que los resultados fueron “insuficientes”.

La Generalitat ha presentado este año un nuevo plan de lucha contra el fraude para el periodo entre 2015 y 2018, en el que prevé un aumento de los efectivos para realizar inspecciones, que se centrarán sobre todo en sectores como el turístico, el juego, el inmobiliario y las compraventas de oro, joyas y vehículos. El plan se desarrollará después de que durante en los dos últimos mandatos de Convergència i Unió los resultados obtenidos por la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) hayan sido más bien discretos, a juzgar por las memorias publicadas por el organismo entre 2011 y 2012.

La agencia evalúa la lucha contra el fraude a través de los resultados en el control sobre los grandes tributos que gestiona el Ejecutivo y las actas de inspección ordinarias. En el primer apartado, en 2013 la ATC recaudó 134,5 millones de euros. El año pasado se lograron recuperar por declaraciones complementarias —las que debe presentar el contribuyente cuando hay errores o deficiencias— 120,4 millones. Sin embargo, entre las dos cantidades hay una gran diferencia: la cantidad lograda en 2013 solo incluye ingresos por ITP y ISD, mientras que las del año pasado incorporan también patrimonio, la tasa turística, los tributos sobre el juego y el que grava las grandes superficies. Si solo se tienen en cuenta las dos primeras figuras, el descenso es del 32%. Si se compara con 2011, la recaudación cae a la mitad.

Objetivos fijados

No obstante, la Agencia valora los resultados también de acuerdo con los objetivos fijados políticamente. La meta para el ITP, de 25.000 declaraciones complementarias, ya había sido rebajada respecto a 2013, cuando era de 30.000. Sin embargo, la ATC logró logró el 87% de ese fin. En ISD el organismo se quedó en el 83% de las declaraciones programadas, mientras que en Patrimonio llegó también al 87%. En el ámbito de la tasa turística, que se recoge por primera vez en una memoria, se sobrepasó el objetivo en un 20%.

El órgano de gestión tributario admite que “el nivel de cumplimiento de los objetivos” fue “insuficiente”. Aun así, lo justifica en varias circunstancias. La ATC razona que los “hechos imponibles” disminuyeron por la “proliferación” de exenciones y no sujeciones por las modificaciones estatales en el ámbito de los impuestos cedidos, la disminución de operaciones y valores resultantes de la crisis económica e inmobiliaria y los efectos de las sucesivas modificaciones en el impuesto de Sucesiones llevadas a cabo por el Gobierno de CiU.

La agencia, dependiente del Departamento de Economía y Finanzas pero de cuyo nuevo diseño se está encargando el de Presidencia, también apunta que ingresó 1,2 millones por declaraciones complementarias en los impuestos sobre el juego y 16,7 millones en el de grandes superficies, aunque fuentes del Ejecutivo apuntan que este último consta en ese apartado por los vaivenes que supuso su suspensión y posterior aval por parte del Tribunal Constitucional.

El otro gran apartado que valora cada año la ATC es el control intensivo por parte de los órganos de inspección tributaria. El año pasado se levantaron 483 actas por un importe de 35,8 millones, lo cual supone una mejora respecto al año pasado del 16,7%. En este caso, la memoria indica que la mayor parte de las actas levantadas corresponden al ISD y al de Patrimonio.

La Generalitat sí ha empezado a realizar la recaudación ejecutiva de tributos gestionados por la ATC y de deudas de diferentes entes y organismos de la Administración catalana que no se ingresaron en el periodo voluntario. Hasta ahora, el Ejecutivo catalán tenía delegadas prácticamente todas esas funciones en la Administración Estatal de la Agencia Tributaria, que mediante un convenio le recuperaba, por ejemplo, multas de tráfico impagadas. La ATC quiere asumir ahora esas funciones. De momento, el año pasado logró recaudar 52,1 millones de euros.

Para la próxima legislatura, el Ejecutivo catalán se ha propuesto intensificar la lucha contra el fraude y poner en marcha un sistema de buenas prácticas y concienciación social. Para ello, la ATC prevé pasar de los 324 funcionarios actuales a 600 en 2018. La plantilla ideada por la Generalitat es todavía corta si realmente quiere convertirse la agencia en la llamada Hacienda propia, puesto que la AEAT tiene 4.000 empleados en Cataluña y el Consejo Asesor para la Transición Nacional estima que debería haber entre 7.000 y 8.000.