Alicante cuestiona la legalidad de la descarga de graneles en el Puerto

El Ayuntamiento de Alicante ha dado salida hoy a un documento que cuestiona la legalidad de la descarga de gráneles en el Puerto de Alicante. Se trata de una comunicación remitida por la Concejalía de Urbanismo, que dirige el vicealcalde Miguel Ángel Pavón (Guanyar), al presidente de la Autoridad Portuaria, Juan Antonio Gisbert. Urbanismo comunica a la Autoridad Portuaria que la “actividad, estiba, desestiba, descarga y transbordo de gráneles pulverulentos en el Puerto de Alicante está sometida al instrumento de intervención ambiental de licencia ambiental”.

En la zona sur de Alicante existe desde hace décadas una activa oposición a la descarga de gráneles en muelles al aire libre, puesto que los vecinos de barrios como San Gabriel y Benalúa observan cómo cada cierto tiempo sus balcones aparecen cubiertos de polvo procedente de las instalaciones portuarias. Esta oposición vecinal se mantiene tras la toma de posesión de Juan Antonio Gisbert como presidente del puerto. Gisbert manifestó que el proceso “se realiza dentro de la legalidad y con todas las garantías para la salud”. Ello fue interpretado como una declaración hostil por los vecinos, tal como manifestó a El País Manuel Alcón, portavoz de la Asociación Gran Vía Sur.

Durante la presidencia de Miguel Campoy, la Autoridad Portuaria realizó inversiones destinadas a reducir el impacto de la descarga de gráneles, como la instalación de pantallas cortavientos y un semáforo para interrumpir el proceso en caso de que soplen vientos en dirección al casco urbano, intervenciones que contaron incluso con subvenciones europeas. Sin embargo, el vicealcalde Miguel Ángel Pavón asegura que existen informes “que consideran insuficientes esas medidas y exigen la utilización de tolvas y naves estancas para la descarga y el almacenamiento de ese tipo de productos”.

En la Autoridad Portuaria, desde el mandato de Mario Flores hasta el actual, pasando por las épocas de Campoy y José Joaquín Ripoll, siempre se ha considerado que las inversiones necesarias para adoptar las medidas óptimas que impidieran por completo las nubes de polvo que denuncian los vecinos, están fuera del alcance de un Puerto que se las ve y se las desea para no mantenerse en pérdidas. Al mismo tiempo, los técnicos afirman que hacer recaer sobre las empresas el coste de dichas medidas las llevaría a abandonar los muelles alicantinos, lo que ocasionaría la pérdida de una carga que hoy por hoy representa un porcentaje irrenunciable de la carga depositada en los mismos.