El juez reclama a dos empresas datos sobre los ordenadores del 9-N

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha requerido a dos empresas que aporten toda la documentación que obre en su poder sobre el reparto y mantenimiento en los días previos a la consulta del 9-N de los ordenadores que se utilizaron en el proceso participativo.

El magistrado que instruye la causa del 9-N, Joan Manel Abril, da un paso más en las diligencias pedidas hasta ahora y pide a Inet Inst. SL y Securitas Direct España Sau los datos sobre el reparto y mantenimiento de estos ordenadores, tras pedir a la Generalitat el 13 de octubre pasado las facturas de compra y transporte a los puntos de votación.

Con estas diligencias, acordadas a instancias de Manos Limpias, el TSJC pretende averiguar si, una vez que el Tribunal Constitucional suspendió la consulta, el 4 de noviembre del pasado año, el gobierno catalán continuó gestionando la votación dando instrucciones en aspectos concretos como el reparto y mantenimiento de los casi 7.000 ordenadores que la Generalitat adquirió para el 9-N.

En su escrito, el magistrado requiere además a la empresa Akamai Technologies Spain SLU que aporte una copia exacta o imagen del alojamiento web ("hosting") donde esté el proyecto de la página de participación impulsada por el gobierno catalán para el 9N, www.participa2014.cat, incluyendo un listado de los archivos de entrada y manipulación desde su creación hasta ahora y la relación de entrada y salidas sobre el perfil de usuario vinculado al administrador del dominio.

El TSJC también ha solicitado a la mercantil 10Dencehispahard SL la documentación sobre la contratación o modificación de los servicios del dominio de la web de participación.

Tras recibir y examinar la documentación requerida, el juez decidirá si cita a declarar como testigos a los representantes de estas cuatro sociedades, como ha pedido Manos Limpias. El pseudo sindicato también solicitó al juez que citara como testigo a un empleado de una compañía de reparación y mantenimiento de ordenadores.

Ante lo cual, el magistrado ha pedido que, para valorar la pertinencia y relevancia de su testifical, la acusación popular concrete si trabajaba para una empresa o por cuenta propia y por medio de qué vinculación contractual con la Generalitat o con un tercero llevó a cabo su prestación de servicios de cara al 9-N.

Con esta testifical, Manos Limpias pretende demostrar que la consulta soberanista no quedó en manos de voluntarios tras su suspensión por parte del Constitucional, sino que había empresas que trabajaron por encargo de la Generalitat en la distribución y el mantenimiento de los ordenadores incluso después de que la votación fuera suspendida.

Por otra parte, el magistrado Abril ha rechazado en su escrito citar como testigos a tres directores de un IES de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y a un coordinador de directores de instituto de esta población, como le había solicitado Manos Limpias, alegando la "ausencia de utilidad" de estas testificales.