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El juez afirma que Pujol ‘júnior’ cobró 11,5 millones de “origen criminal”

El primogénito pasó de pagar a su familia con movimientos en Andorra a hacerlo mediante empresas instrumentales

Jordi Pujol Ferrusola, tras el registro de una de sus casas este martes.
Jordi Pujol Ferrusola, tras el registro de una de sus casas este martes.

El hijo mayor del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, recibió 11,5 millones “de origen criminal” con cuatro empresas instrumentales que compartía con su exmujer, Mercè Gironés. Los autos judiciales a los que ha tenido acceso EL PAÍS detallan cómo empresas adjudicatarias de la Administración en Cataluña pagaron comisiones a Júnior a cambio, presuntamente, de adjudicaciones públicas. El primogénito canalizó esos fondos “para realizar inversiones y gastos en España y en el extranjero”.

En los autos con los que autorizó las entradas y registros del martes, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata repasa el estado de la investigación. Y recuerda que las cuatro sociedades instrumentales a nombre de Júnior y de su ex —Iniciatives, Project Marketing, Active Traslation e Inter Rosario— cobraron 11.530.004 euros con facturas que los investigadores consideran falsas. Los pagadores tienen un “denominador común”: son empresas cuya “cifra de negocios principal proviene de la explotación de concursos, proyectos y licitaciones con el sector público”; en especial, subraya el juez, “de tipo urbanístico”.

En este capítulo, el magistrado cita a tres empresas cuyos directivos están imputados por el presunto pago de comisiones ilegales: Copisa (Xavier Tauler y Josep Cornadó), Isolux (Luis Delso) y Emte (Carles Sumarroca, hijo de uno de los fundadores de Convergència). “No se han aportado”, recoge el auto, “pruebas que justifiquen la realización de los trabajos” que supuestamente prestó Jordi Pujol Ferrusola y que versaban sobre las más diversas materias. La mayoría de acuerdos eran “verbales” y los pagos se producían, según los imputados, a cambio de “asesoramientos” o labores de “intermediación” para conseguir clientes.

El juez cita algunas de las operaciones que suman esos 11,5 millones. Por ejemplo, la compra de unos terrenos en Palamós (Girona) por 217.000 euros. Apenas tres años después, la exmujer de Pujol hijo vendió esos mismos terrenos por 4,8 millones, “circunstancia que difiere mucho de lo que ocurre para los terrenos colindantes”. Justo antes de la transacción, Copisa entró en el capital de la empresa compradora, Promopalamós.

El método seguido por Jordi Pujol Ferrusola para blanquear capitales y repartirlos, presuntamente, entre miembros de la familia, sufrió una “evolución”. En un primer momento, señalan los autos, Júnior se dedicó a ejecutar “repartos de capitales con origen sospechoso” en Andorra. Ese método fue “desplazado o complementado más adelante” con la interposición de “empresas instrumentales” de varios de los hermanos (como Josep y Pere, también imputados

Las empresas de los hermanos Pujol aludidos mantienen “relaciones cruzadas frecuentes”. En algunos casos, las coincidencias son llamativas. Por ejemplo, tanto MT Tahat (de Josep) como Blau Consultoría (de Pere) comparten la misma sede en Barcelona. E incluso apoderado: Francisco Vinaches. Según fuentes cercanas a la defensa, Vinaches es un abogado y asesor de confianza de los dos hermanos. El auto también cita la utilización de hasta cuatro testaferros que ayudaron al hijo mayor a tener cuentas en paraísos fiscales.

La familia se declara víctima de una “causa general”

Los Pujol están intentando a toda costa que no se unifiquen las causas judiciales abiertas contra la familia. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez de Barcelona —que investiga la supuesta “herencia” legada por el padre de Jordi Pujol— que se inhiba a favor del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que a su vez instruye la causa contra el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. Los abogados de la familia se oponen a esa petición porque creen que no está fundamentada.

Las “alusiones genéricas a la actuación conjunta de la familia Pujol durante décadas, bajo la dirección y gestión del imputado”, recoge el escrito de los abogados, “pueden valer como titular periodístico, pero resultan inaprovechables para un examen riguroso de la competencia”. La defensa acusa al juez de “no delimitar los objetos” de la investigación ni “los tipos penales” que se atribuye a cada uno de ellos. Y considera que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata está “embarcado en una inquisitio generalis (causa general) de la actividad profesional de Jordi Pujol Ferrusola”. Los fondos de Andorra, recoge el escrito, son “concretos y cuantificados”.

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