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El PP evita investigar si los médicos de Andrea cumplieron la ley

Los populares aplauden su trabajo impecable pese al informe forense que tachó de “desproporcionado” el tratamiento aplicado a la niña

Antonio y Estela, padres de Andrea, ante el hospital de Santiago el pasado 24 de septiembre.
Antonio y Estela, padres de Andrea, ante el hospital de Santiago el pasado 24 de septiembre.

El informe forense que reveló que Andrea, la niña cuyo caso ha reabierto en España el debate sobre la muerte digna, estaba recibiendo un tratamiento “desproporcionado” que le provocaba un “sufrimiento desmesurado” no ha agrietado el respaldo que el PP gallego brindó a los pediatras del hospital de Santiago desde el momento en que los padres de la menor denunciaron el caso. El grupo parlamentario popular ha bloqueado la propuesta del BNG en la Cámara autonómica para que se abra un expediente que investigue la actuación de los médicos y, en su caso, aplique las sanciones previstas en la ley gallega de derechos de los enfermos terminales, en vigor desde agosto. El partido que lidera Alberto Núñez Feijóo esgrime que los facultativos que se resistieron a retirar la sonda que prolongaba artificialmente la vida de la pequeña, una petición de la familia recogida en la legislación autonómica y respaldada por los expertos en bioética del área sanitaria de Santiago, hicieron un “trabajo impecable”.

Andrea, una niña de 12 años de la localidad coruñesa de Noia que estaba en estado terminal a consecuencia de una enfermedad neurodegenerativa irreversible que padecía desde los ocho meses, falleció el pasado 9 de octubre, cuatro días después de que los médicos accediesen a retirarle la alimentación artificial tras la intervención de un juzgado. La proposición no de ley del BNG fue rechazada en la Comisión de Sanidade del Parlamento de Galicia por los votos mayoritarios de los diputados del PP, aunque el resto de grupos políticos sí apoyaron la propuesta ante la situación "tremenda" que vivieron la niña y su familia. "Que su sufrimiento y dolor sirva para ayudar a todos los demás, al derecho a vivir con dignidad", proclamó la socialista Carmen Acuña.

La ley 5/2015, que regula en Galicia las garantías para los enfermos terminales y que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego el pasado junio, recoge como derecho de estas personas el rechazo a procedimientos de hidratación y alimentación artificial “cuando sean extraordinarios o desproporcionados a las perspectivas de mejoría y produzcan dolor y/o sufrimiento desmesurados”. Esta norma ampara la petición de retirada del soporte vital que realizaron los padres de Andrea y ratificó el comité de ética asistencial y que rechazaron reiteradamente los médicos del Hospital Clínico de Santiago. Este texto legal prevé además multas para quienes opongan “obstáculo o impedimento” a estos derechos, que oscilan entre los 15.000 y los 600.000 euros.

El PP fundamenta su rechazo a investigar la actuación de los pediatras del hospital público de Santiago en que los propios médicos enviaron una consulta al juzgado a finales de julio, cuando la ley no había entrado todavía en vigor, y un auto judicial avaló el plan terapéutico fijado por los facultativos. En realidad, aquella resolución, a la que ha tenido acceso este periódico, autoriza al Comité de Ética Asistencial del área de Santiago a realizar un informe sobre la situación de Andrea e insta al Servicio de Pediatría del hospital compostelano a tener en cuenta sus recomendaciones. El comité de bioética emitió su dictamen el 14 de septiembre aconsejando la retirada de la sonda que prolongaba artificialmente la vida de la niña, pero los facultativos lo ignoraron alegando que no era vinculante.

Cuando el caso de Andrea salió a la luz en los medios de comunicación, los médicos pusieron en conocimiento del juzgado de primera instancia número 6 de Santiago la situación de Andrea. El juez Roberto Soto encargó un informe forense para que profesionales del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) certificasen si la niña estaba siendo víctima de un enseñamiento terapéutico como denunciaban sus padres. Antes de que se emitiera la resolución judicial, los pediatras accedieron a retirarle a la pequeña el soporte vital y a aplicarle una sedación paliativa. El 9 de octubre Andrea falleció sin dolor y rodeada de sus seres queridos.

"Los padres de Andrea tienen derecho a saber lo que pasó", afirmó la diputada del BNG Montse Prado en la Comisión de Sanidade en la que el PP frenó la apertura de una investigación sobre la actuación de los pediatras del hospital de Santiago. Los nacionalistas sostienen que la familia de la niña fue condenada al "calvario de la judicialización".