Las cuentas de la plaza mayor de San Fernando están manipuladas

La bancarrota de la sociedad Plaza de España de San Fernando (con 94 millones de deuda), que se creó para rehabilitar este espacio de la ciudad, es “culpable”, según un informe del administrador concursal. Los datos apuntan a la existencia de alteración —“cuando no manipulación”— en la contabilidad. A raíz del informe, una de las constructoras afectadas ha presentado una querella contra el Ayuntamiento, el exalcalde Julio Setién y otros responsables de la empresa semipública. Un centenar de familias se ha quedado sin casa.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, gobernado entonces por IU, decidió embarcarse en la rehabilitación de su plaza mayor, declarada Bien de Interés Cultural en 2008. Como instrumento, creó una sociedad mixta (Plaza de España de San Fernando, SL) con un 49% de capital municipal y un 51% privado. El Consistorio aportó este espacio público y su subsuelo a la empresa, un hecho sorprendente porque los bienes públicos son inalienables, inembargables e imprescriptibles.

Un centenar de familias entregó como aportación sus viviendas (el citado 51%), que rodean la plaza, con el compromiso de que las recuperarían una vez acabadas las obras. La fecha de entrega estaba prevista para 2011. La financiación provenía de un crédito de 54 millones otorgado por Bankia, en aquel momento Caja Madrid.

En la actualidad, los inmuebles están finalizados, pero cerrados e hipotecados por Bankia, entidad a la que la empresa debe unos 60 millones. La deuda total con otros acreedores asciende a 94 y los afectados no saben si van a recuperar sus hogares.

La desintegración de la Sociedad Plaza de España de San Fernando (PESF) continúa imparable. El administrador concursal, nombrado por un juez, ya ha enviado su informe. En él ha solicitado que se inhabilite a los responsables para administrar bienes ajenos o de cualquier persona durante un periodo de 15 años, “atendiendo a la gravedad de los hechos”. Entre ellos se encuentra Julio Setién, exalcalde de la localidad; Joaquín Martínez, exconcejal de Urbanismo y consejero delegado, y Carmen Criado, exasesora del equipo de gobierno y que fue secretaria de PESF.

La empresa se empezó a desmoronar al poco tiempo de su creación. En 2010 ya había problemas y el 31 de diciembre de 2011 PESF ya había dispuesto de la totalidad del crédito, “sin que quede acreditada por la información presentada que tuviera otro medio de financiación”, dice el administrador concursal. A pesar de ello, la sociedad continuó su actividad, “firmando contratos y comprometiendo su patrimonio”, puntualiza el documento.

Tanto es así, confirman Raúl Núñez Oyarzábal y Javier Morató, abogados de varios afectados, que incluso en una junta de socios que se celebró el 19 de junio de 2012, Julio Setién ocultó a los vecinos que habían presentado el preconcurso seis días antes.

Obras no verificadas

Los letrados apuntan, además, a la responsabilidad de Caja Madrid “que no verificó que el dinero se utilizaba para la construcción de las viviendas”. Se refiere a que se pagaron otras actuaciones que no tenían nada que ver con la rehabilitación de la plaza. “La entidad bancaria solo debería haber pagado facturas de las obras contratadas y acabadas”. La sociedad adquirió locales a la Empresa Municipal del Suelo (3 millones), edificó un museo (3,5 millones), un aparcamiento (10 millones) o encargó un informe del barrio Nazario por 223.316 euros.

El administrador ha detectado una contabilidad alterada y posiblemente manipulada. Existen pagarés millonarios sin contabilizar, cuentas sin actualizar o faltan libros contables. Esta forma de actuar se identifica, dice el informe, “con una ocultación de información por parte del deudor en perjuicio de sus acreedores”.

Construcciones Ortiz, una de las promotoras afectadas, va más allá y acusa a la sociedad de haber llevado una doble contabilidad en la ampliación de querella presentada al juzgado, que ya está admitida. Cree que se podrían haber cometido los delitos de apropiación indebida, prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y delito contra la hacienda pública.

Apunta, como autores, al exalcalde Julio Setién; al consejero de la sociedad, Joaquín Martínez; a la administradora de hecho de la sociedad, Carmen Criado, además de a los socios de Woodman, la empresa encargada de la gestión de PESF. También se refiere al Ayuntamiento como responsable civil. Ortiz sostiene que la empresa tuvo liquidez mediante la simulación de contratos de obras que no se realizaron, que justificaron a su vez la emisión de pagarés, que se descontaban después en entidades financieras y que se endosaron a otras empresas.

El Ayuntamiento comenzó a denunciar actuaciones irregulares de la sociedad e, incluso, la destrucción de documentos cuando Setién renunció a su cargo en marzo de 2013 y tomó el relevo Ángel Moreno, hasta entonces concejal de Hacienda.