El intervenido hospital de Mataró se compromete a no rebajar sueldos

El Consorcio Sanitario del Maresme (CSdM), que gestiona el hospital de Mataró, se comprometió ayer con el comité de empresa a no tocar sueldos ni pagas de sus 1.400 trabajadores en el plan de reequilibrio económico que ha puesto en marcha tras ser intervenido por la Generalitat. El Gobierno le suspendió el régimen especial de autonomía de gestión del que gozaba —al igual que todos los consorcios sanitarios— después de hacer un déficit de dos millones de euros en 2014.

Tal y como avanzó EL PAÍS, el desvío presupuestario del consorcio obligó a la Generalitat a intervenir el centro y suspender el régimen especial, que lo eximía de aplicar las medidas que afectan a entidades del sector público de la Generalitat (como la retirada de la paga extra a los funcionarios, por ejemplo).

El desvío del consorcio es inferior al 2% de su presupuesto

A diferencia del hospital de Sant Pau, cuya intervención en 2012 supuso la destitución de la directiva del centro, el CSdM mantendrá su cúpula de gobierno pero tendrá que preparar un plan de reequilibrio y someterse a la fiscalización del Gobierno catalán, que controlará todos sus movimientos económicos.

En una reunión con el comité de empresa, la dirección del consorcio insistió en que “no se tocarán sueldos ni pagas” de los empleados, aunque reconoció que la contratación, los concursos públicos y los gastos de la institución han de contar con la aprobación de la Generalitat. El comité explicó que la única medida en firme es que los empleados que cumplan 25 años en la empresa perderán el privilegio que tenían hasta ahora de disponer de un mes de permiso.

El consejero de Salud, Boi Ruiz, tildó ayer de “intervención cautelar” la suspensión de la autonomía de gestión. “Ante un déficit que puede poner en peligro la viavilidad del hospital, el consorcio necesitará el apoyo de los departamentos de Economía y Salud antes de tomar ciertas decisiones para evitar un proceso irreversible de déficit”, apuntó. Ruiz insistió en que la intervención “no supone ningún peligro para los trabajadores ni para los usuarios”.

La contratación, los concursos públicos y los gastos de la institución han de contar con la aprobación de la Generalitat

El comité de empresa, por su parte, recordó ayer que el desvío del consorcio es menos de un 2% de su presupuesto total (105 millones) y, en cambio, la deuda histórica de la Generalitat con el ente público es de 36 millones de euros. Los trabajadores denuncian que, pese a la deuda que arrastra con la empresa, la Generalitat pide medidas de reequilibrio pero no tiene un plan de futuro ni estudios sobre la situación del consorcio.