La Generalitat interviene el hospital de Mataró y suspende su autonomía

La Generalitat ha intervenido el Consorcio Sanitario del Maresme (CSdM), la empresa pública que gestiona el hospital de Mataró, entre otros centros. Esta intervención implica la suspensión del régimen especial de autonomía de gestión del que gozaba, al igual que el resto de consorcios sanitarios públicos, el CSdM. El régimen especial exime a los centros de aplicar las medidas que afectan a entidades del sector público de la Generalitat (como la retirada de la paga extra a los funcionarios). En este caso, la intervención no comporta la caída de la cúpula directiva del centro ni el desembarco de una comisión gestora para hacerse cargo del consorcio. La Generalitat ha tomado la medida tras detectar un déficit de unos dos millones de euros en las cuentas del ejercicio de 2014.

La intervención no comporta la caída de la cúpula directiva del centro ni el desembarco de una comisión gestora para hacerse cargo del consorcio

El consorcio, que tiene un presupuesto de 105 millones de euros al año y da asistencia sanitaria a unas 265.000 personas de la comarca del Maresme, no ha podido capear el colapso financiero que arrastra desde hace unos años. La entidad lleva desde finales de 2014 preparando un plan de reequilibrio para evitar la intervención económica.

El régimen especial de autonomía de gestión estaba sujeto a un estricto cumplimiento presupuestario, que exigía cerrar el ejercicio anual con déficit cero. En un avance del cierre de 2014 que el CSdM entregó a la Comisión Interdepartamental para la Sostenibilidad del Sistema Sanitario de Cataluña, encargada de capitanear el protocolo a seguir cuando un centro concertado hace déficit, la empresa pública presentó una previsión de desvío de 2,1 millones.

Fuentes consultadas por EL PAÍS aseguran que “no se espera el desembarco que sucedió en el hospital Sant Pau” —la intervención de la Generalitat supuso la destitución inmediata del director y la entrada de una comisión de técnicos del Gobierno para gestionar el centro—. Sin embargo, reconocen, “aún no se sabe muy bien qué significará esto”.

“Pérdida de privilegios”

Fuentes del Gobierno catalán señalan que “perderán algunos privilegios que tienen los centros con autonomía de gestión sobre cómo aplicar las medidas que la Generalitat ejecuta sobre todas sus entidades”, pero matizan que “el equipo de gestión y de gobierno serán los mismos”.

En una carta enviada el pasado diciembre por el director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Josep Maria Padrosa, a los gerentes de la red concertada, se desmenuzaban las consecuencias de disponer o no del régimen especial. Sin autonomía de gestión, sólo se pagarán, como máximo, el 25% de las retribuciones variables vinculadas a objetivos y desaparece el pago de complementos de productividad.

Además, la gestión de todo el presupuesto dependerá de la Ley de Presupuestos de la Generalitat. Con el régimen especial, el presupuesto estaba sujeto exclusivamente a las bases de ejecución aprobadas por los órganos de gobierno de las entidades.

La gestión de todo el presupuesto dependerá de la Ley de Presupuestos de la Generalitat

“La Generalitat acompañará al centro para el cumplimiento de las medidas de reequilibrio”, concluyen las fuentes de la Generalitat. El plan de viavilidad impulsado por el CSdM para reducir el déficit prevé un aumento de la actividad asistencial contratada por el CatSalut y controvertidas medidas como desalojar una unidad del hospital de Mátaró para reubicar a 40 enfermos de su centro sociosanitario satélite.

El comité de empresa, sorprendido por la medida de la Generalitat, recuerda que la deuda del Gobierno catalán con el CSdM es de 32 millones, 12 de los cuales han sido a cuenta de reducir condiciones de los trabajadores.