Se busca quien retire cinco millones de ruedas de un vertedero

El 21 de septiembre se terminó el plazo de un año para que se retirasen los cinco millones de neumáticos acumulados en el vertedero de Valdemoro (Madrid) y Seseña (Toledo). Sin embargo las ruedas, que se tenían que triturar en 2014, están lejos de desaparecer. Sobre la situación de este desguace, de 9,8 hectáreas –el 30% en territorio madrileño-, ha preguntado esta mañana Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.

El consejero de Medio Ambiente, Jaime González Taboada, ha relatado que se han sucedido cinco reuniones entre el ministerio del ramo, el Gobierno de Castilla-La Mancha (PSOE) y de Madrid (PP) para llegar a un acuerdo. La intención es que una nueva empresa se haga cargo de la retirada. Madrid quiere un nuevo concurso en enero, mientras que los manchegos apuestan por la pública Tragsa: “La empresa no ha hecho nada. Quiere su negocio”.

El vertedero comenzó en Seseña en 2002. “Nosotros no hubiésemos dado la licencia, fue el Gobierno del señor Bono”, ha insistido González Taobada. Creció tanto que sobrepasó la región y llegó a Madrid, la comunidad vecina. Rodríguez Taboada calcula que la empresa contratada por el Ayuntamiento de Seseña para destruir las ruedas tiene tan poca capacidad que se tardarían “tres o cuatro años en triturar los neumáticos”. Por eso Madrid es partidaria de rescindir el contrato por falta de ejecución. En julio echaron un “órdago” a Castilla-La Mancha para abordar el problema. El vertedero hoy está vallado y personal de seguridad vigila que no haya alarmas. De producirse un incendio, no se podría apagar con agua sino con tierra.

Ciudadanos ha hecho alusión a un informe del Ministerio de Medio Ambiente que alerta del peligro de un incendio en el vertedero: el humo obligaría a cerrar el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas y desalojar 11.000 viviendas. “¿Y si Madrid quita los neumáticos y Castilla-La Mancha no? Porque el humo [en caso de fuego] acabaría pasando a Madrid”. El vertedero está apenas 400 metros de la megaurbanización, construida en pleno boom del ladrillo por Francisco Hernando El Pocero, en la que supuestamente iban a vivir 40.000 personas.

En 2003, el cementerio de neumáticos fue declarado ilegal por no respetar las normas medioambientales y los expedientes administrativos se acumulaban. La empresa que lo gestionaba, Disfilt SA. constituida en 1990, contaba con cuatro trabajadores y su especialidad era la fabricación de neumáticos y cámaras de caucho, además de la reconstrucción y recauchutado de neumáticos. Una sentencia judicial en enero de 2009 condenó al propietario por un delito contra el medio ambiente. Desde 2011 no hay nuevos vertidos y esa empresa no continuó. La relevó Gestión de Desechos y Ruedas Iberia que tiene los permisos necesarios.