La Generalitat se escuda tras los 40.000 voluntarios

Artur Mas siguió este jueves la senda marcada el pasado martes por la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, y la exvicepresidenta Joana Ortega, también imputadas en la causa del 9-N: asumir la responsabilidad política pero, al mismo tiempo, atribuir a los 40.000 voluntarios que participaron en el proceso la “ejecución” de la consulta independentista que había suspendido el Tribunal Constitucional. Con un matiz: el president reconoció que muchos voluntarios eran, al mismo tiempo, funcionarios, y que contaron con los “medios materiales” y la “formación” que el Ejecutivo catalán había puesto a su disposición antes del 4 de noviembre, día de la definitiva suspensión dictada por el Constitucional.

En ningún caso, aseguró Mas ante el juez, esos voluntarios recibieron “órdenes” o “instrucciones”, porque la jornada de participación ya había “cambiado de formato”. A partir de la decisión del Constitucional, dijo, “ya no era la Administración la responsable de la ejecución, pasaban a ser los voluntarios”. “Gracias a ellos se pudo hacer el 9-N”, afirmó.

Para reforzar su tesis, Mas dijo que la resolución del Constitucional no advertía de posibles consecuencias de la desobediencia. Y añadió que su Ejecutivo estuvo “aguardando” hasta el último día para saber si el Estado actuaba para frenar la consulta. “El Gobierno pasó de la mofa pública al abuso de poder, utilizando al Constitucional para intentar abortar una iniciativa de libertad de expresión que estaba en manos de voluntarios y que no tenía ningún efecto jurídico”, dijo Mas en su intervención inicial, de unos diez minutos, antes de responder a las preguntas.

Sin respuestas al fiscal

El juez Joan Manel Abril preguntó a Mas por qué, tras el veto judicial, la Generalitat no hizo nada por detener la consulta. El presidente respondió que la página web informativa no pudo eliminarse porque estaba alojada en servidores de muchos países. Defendió la cesión de institutos públicos como locales de votación y afirmó, aunque no con total seguridad, que los dípticos informativos fueron enviados antes del 4 de noviembre.

La declaración de Mas fue breve (apenas una hora), en parte porque no respondió a las preguntas de la Fiscalía. “No por falta de respeto personal o institucional”, dijo, sino por el “cambio de criterio” de la Fiscalía catalana sobre la querella ante las “imposiciones” de la Fiscalía General del Estado. Mas, Ortega y Rigau están acusados de cuatro delitos que implican penas de inhabilitación: desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.{Entradilla}