El juez exige a la Generalitat papeles de los 7.000 ordenadores usados el 9-N

Más allá de las declaraciones de los imputados, la Fiscalía sigue reuniendo indicios para averiguar si hubo delito en la organización de la consulta del 9-N. A petición del fiscal Emilio Sánchez Ulled, el juez ha ordenado a la Generalitat que aporte toda la documentación sobre la compra de 7.000 ordenadores portátiles que fueron utilizados durante la jornada de votación. En su declaración de ayer como imputada, la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, defendió que los equipos informáticos ya estaban previstos en los presupuestos para uso docente y que solo se cedieron, puntualmente, para gestionar la participación el 9 de noviembre de 2014.

En un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Fiscalía pide al director del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, Jordi Escalé, que "remita el expediente completo" sobre la compra de ese material para el Departamento de Enseñanza. El director del organismo también deberá aportar, por orden del juez, "la documentación relativa al transporte de dicho material a los centros de votación", así como cualquier encargo sobre la "instalación de aplicaciones informáticas en los ordenadores".

El CTTI también prestó apoyo técnico al Departamento de Gobernación en los trámites para organizar la consulta. El fiscal también ha pedido, por ello, que se envíen al juez "contrataciones, pedidos de material, órdenes de trabajo" y otros encargos de "bienes o servicios a proveedores externos", incluyendo también "cualquier actuación-instalación sobre los ordenadores a los que se ha hecho referencia". Todas las diligencias han sido acordadas por el instructor de la causa, el magistrado Joan Manel Abril.

La investigación abierta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por un delito de desobediencia tiene un espacio temporal acotado: entre el 4 de noviembre -fecha en la que el Tribunal Constitucional vetó la consulta alternativa- y el 9 de ese mismo mes, día de la votación. Lo que el fiscal pretende averiguar si, en ese lapso de tiempo, responsables de la Generalitat participaron activamente en la preparación de la consulta sobre la independencia; por ejemplo, con la instalación de software.

El juez tomó la decisión sobre esas peticiones ayer mismo, durante la jornada en la que declararon como imputadas Rigau y la exvicepresidenta Joana Ortega. Ambas explicaron que, tras el veto del TC, la consulta quedó "en manos de los voluntarios". Este jueves declara como imputado Artur Mas. Está previsto que se repita el mismo patrón que en el caso de las dos dirigentes: Mas hará previsiblemente una breve intervención de contenido político al inicio de su declaración y, posteriormente, responderá a las preguntas del juez.

Rigau y Ortega se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía por su "cambio de criterio" en la presentación de la querella. El presidente tenía previsto seguir esa misma línea pero, según fuentes judiciales, en su caso la posibilidad de que declare ante los fiscales aún está abierta. Un imputado tiene derecho a no declarar, o a hacerlo solo a las partes que considere oportunas. La negativa de las dos imputadas, sin embargo, ha generado malestar en sectores de la Fiscalía, que lo consideran una falta de respeto institucional porque la decisión no se basa en su derecho de defensa sino en motivaciones políticas.

Esas mismas motivaciones políticas son las que ayer reprocharon tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los miembros del Gobierno catalán que se concentraron a las puertas del Palacio de Justicia. La irritación del TSJC por lo que considera un "ataque sin paliativos" a su independencia y un intento de condicionar sus decisiones no impedirá que, mañana, se repitan las manifestaciones de apoyo.

La concentración frente al TSJC, de hecho, se prevé mucho más masiva en el caso del presidente Mas, cuya declaración está prevista para las 10 horas. Media hora antes, y cuando previsiblemente la avenida de Lluís Companys ya estará repleta de independentistas, el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, atenderá a los medios. El sindicato ultra impulsó la querella contra Mas y dirige la acusación popular en la causa del 9-N.