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Una constructora pagó con fondos públicos la donación del 3% a CDC

Sant Fruitós aprobó un sobrecoste de la misma cantidad que la empresa donó al partido

Una constructora pagó con fondos públicos la donación del 3% a CDC
Imagen del centro cívico de Sant Fruitós, hoy llamado NEXE.

El Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages (Barcelona), gobernado por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), aprobó en 2009 un sobrecoste de 35.587 euros en las obras de construcción de un centro cívico, cifra casi idéntica a los 34.000 euros pagados poco antes por la adjudicataria a una fundación del partido como donación. Este dato suma a las evidencias de que CDC utilizó sus fundaciones para cobrar comisiones ilegales del 3% por obra pública, el hecho de que las adjudicatarias podían recuperar el dinero gracias a sobrecostes aprobados por el partido.

Sant Fruitós es un municipio de 8.000 habitantes situado en la industrial cuenca del río Llobregat. Como muchos Ayuntamientos, el de la localidad aprovechó el conocido como Plan E —con el que el Gobierno central trató de reactivar la economía en 2008— para financiar equipamientos, en este caso un centro cívico.

La obra fue adjudicada en febrero de 2009 por 1,13 millones de euros (sin IVA) a la unión temporal de empresas (UTE) Centro Cívico Sant Fruitós, dominada por el Grup Soler. Este grupo constructor, con sede en la vecina localidad de Sallent, fue el segundo mayor donante entre 2010 y 2013 a la fundación CatDem, con más de 500.000 euros. Según el Tribunal de Cuentas (TCU), la fundación vinculada a Convergència transfería al partido de forma irregular buena parte de las donaciones recibidas de adjudicatarias de obra pública. En el informe de 2009, el TCU destaca que CatDem recibió 1,37 millones en donaciones, de los que 448.000 acabaron en las arcas de Convergència por trabajos injustificados.

Cinco meses después de la adjudicación, la UTE Centro Cívico Sant Fruitós hizo un donativo de 34.000 euros a CatDem. Como ya avanzó EL PAÍS el pasado 10 de septiembre, esta cifra asciende casi exactamente —solo difiere en 91 euros— al 3% del importe de la adjudicación. Ese mismo mes de julio, según consta en las actas de los plenos municipales, el equipo de gobierno en Sant Fruitós empezó a tramitar un cambio en el proyecto de las obras. Entre 2007 y 2011, el municipio estaba gobernado con mayoría absoluta por CiU y el alcalde era el convergente Josep Rafart. Tras los comicios de 2011, Sant Fruitós ha estado gobernado por una lista independiente apoyada por el PSC y, hasta el pasado mayo, por ERC.

El cambio en el proyecto, aprobado finalmente en un pleno extraordinario en diciembre de 2009, suponía un sobrecoste en la obra de 35.587 euros, cifra muy similar a la donación efectuada por la UTE al partido. “Parece que la donación a Convergència la acabamos pagando todos los contribuyentes”, afirma el actual concejal de Seguridad de Sant Fruitós, Tomás Casero (PSC). Este diario ya habló con Casero el pasado 9 de septiembre por la primera información publicada sobre el proyecto. “Entonces solo recordaba un leve sobrecoste, al que no di importancia. Pero ahora que he repasado las actas de los plenos y he visto las noticias publicadas, todo parece cobrar sentido”, añade.

La aprobación del sobrecoste en diciembre de 2009 estuvo envuelta de polémica, según las actas de los plenos. El mismo Casero afirmó entonces: “Estamos aprobando a toda prisa un cambio que ustedes ya hace tiempo que tenían decidido. Se aprueba, además, con el informe desfavorable del interventor y del secretario”, subrayó. Los ediles de ERC también mostraron sus reticencias al cambio en el proyecto, que suponía modificar unas mamparas, reforzar la estructura para aguantar su peso e introducir dos puertas antiincendios. El pleno, finalmente, aprobó los cambios con los siete votos a favor de CiU y las seis abstenciones de la oposición.

 Investigacion@elpais.es

Financiación vía fundaciones

Convergència ha hecho en los últimos años un uso sin parangón en España de sus dos fundaciones —CatDem y Barcelona Fòrum— para financiarse, un hecho que ahora está investigando la Fiscalía Anticorrupción por el presunto cobro de comisiones ilegales del 3%. Entre 2008 y 2013, ambas entidades recibieron más de 10,3 millones en donaciones, de los que casi 4 millones acabaron de forma irregular en las arcas del partido, según el Tribunal de Cuentas.

Solo la fundación FAES, del PP; ha sido capaz de atraer una cifra similar de donaciones. Con dos particularidades: el PP está implantado en toda España y la FAES nunca ha transferido fondos al partido. Ninguna otra formación catalana, salvo Unió, supera los 300.000 euros en donativos a sus fundaciones ni ha transferido dinero a las arcas del partido.

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