El secretario de Sant Cugat asume el “error” que favoreció a la UTE del 3%

El secretario municipal de Sant Cugat asumió este martes ante la junta de portavoces el “error” que permitió a la unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria de un complejo deportivo romper unilateralmente el contrato sin pagar compensación alguna al municipio. Así lo confirmaron varios asistentes a la reunión, convocada tras la publicación por EL PAÍS de que la UTE hizo una donación a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de 134.000 euros poco después de ganar la licitación en 2008, cifra que asciende al 3% del importe del contrato.

La alcaldesa de Sant Cugat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa, se reunió en la tarde del martes con representantes de todos los partidos presentes en el pleno municipal —CDC, PSC, ICV, ERC y Ciutadans—. Al encuentro también asistió el funcionario, que reconoció que había cometido un error con la documentación presentada al pleno celebrado en abril de 2013. En ese pleno se aprobó que la UTE podría recuperar la fianza (240.000 euros) a condición de que pagara las licencias de obra pendientes, que ascendían a 167.000 euros. Este último punto fue clave para que la oposición aceptara la resolución presentada por el equipo de gobierno.

El cobro de las licencias, sin embargo, nunca llegó a materializarse. Tras un recurso de la UTE, el ayuntamiento tuvo que admitir en otro pleno celebrado seis meses más tarde que ya había eximido en 2010 a la sociedad de ese pago mediante un decreto de Alcaldía.

Sant Cugat se quedó así sin fianza ni licencias, lo que provocó la ira de la oposición, que denunció el trato dado por Conesa a la UTE, formada por las empresas Construcciones PAI y Instal.lacions de Lleure Esportiu Illa.

Tras la reunión, la alcaldesa anunció el acuerdo alcanzado con la oposición de llevar todos los expedientes de contratación municipal a la Oficina Antifraude (OAC). Sant Cugat está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción por otro presunto caso de pago de comisiones ilegales del 3%, en este caso de la constructora Teyco a Convergència.

“Este ayuntamiento no tiene ningún conocimiento de las donaciones de empresas a las fundaciones del partido”, aseguró la alcaldesa. Fuentes cercanas a Conesa aseguran que en los últimos días ha mostrado su “sorpresa” y “disgusto” por el hecho de que las dos fundaciones de CDC —CatDem y Barcelona Fòrum— aceptaran donaciones a nombre de una UTE adjudicataria de una obra pública en su municipio. Esto aumenta las sospechas de que el pago corresponde a una comisión ilegal que, sin ella tener conocimiento, mancha su gestión. Conesa aseguró que su equipo “siempre ha aplicado la ley y se ha asesorado del secretario y del interventor”. “Estoy muy tranquila con mi gestión”, añadió.

La alcaldesa también admitió que comprende “que se vea mal” que las empresas adjudicatarias de obra pública hagan donaciones a las fundaciones de los partidos políticos. Pese a ello, recordó que estas prácticas “son legales”. “Si hay donaciones, és porque las empresas quieren. No se les pide nada”, aseguró.

Todos los partidos de la oposición consultados mostraron su contrariedad con lo ocurrido, aunque pidieron tiempo para estudiar el expediente y se mostraron partidarios de la decisión de llevar los expedientes a la Oficina Antifraude. “Tenemos que ser cautos, pero hay que aportar toda la luz necesaria al caso para limpiar toda sombra de sospecha. Y si se demuestra algo, llevar las investigaciones hasta el final”,a seguró Sergio Blázquez, de Ciutadans.