Oltra auditará el Instituto de Acción Social ante posibles indicios de delito

La vicepresidenta del Consell y consejera de Igualdad, Mònica Oltra, ha anunciado hoy que realizará una auditoría contable del Institut Valencià d'Acció Social (IVAS) donde ha encontrado una "situación caótica con indicios razonables de posibles delitos como prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos". Las sospechas, según ha explicado durante su comparecencia en las Cortes Valencianas, se centran en aspectos "muy oscuros" de contrataciones a trabajadores y subcontratas.

Oltra ha explicado que el IVAS cerró 2014 con un patrimonio negativo de casi cuatro millones de euros con un déficit astronómico, edificios deteriorados y una plantilla desmotivada. En este organismo también obtuvo contratas uno de los condenados por el caso cooperación, Augusto César Tauroni.

La número dos del Gobierno valenciano, que ha desplegado sus objetivos en materia de igualdad y políticas sociales, también ha adelantado que revisará las adjudicaciones a las residencias de 2000 plazas para mayores, parte de las cuales fue adjudicada por el exconsejero Juan Cotino a una empresa propiedad de su familia.

Entre los anuncios realizados por Oltra está la derogación del copago por servicios o atención a la dependencia y el rescate de personas que ha tenido que abandonar residencias por no poder pagar tasas abusivas. Una medida que se adoptará mediante la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2016 y que evalúa en 120 millones.

Tras el largo discurso de hora y media en el que Oltra ha explicado sus prioridades, el portavoz popular Alfredo Castellón ha recriminado a la vicepresidenta su falta de gestión y el hecho de que se hubiese presentado ante el Parlamento sin tener aprobado siquiera el reglamento orgánico de su consejería. Críticas que la también consejera ha rebatido con una enumeración de los atascos heredados del PP en materia de dependencia y política social y los desbarajustes internos.

Tras la réplica del PP, la confusión se ha apoderado de la Cámara y los portavoces del resto de grupos parlamentarios han entrado a debatir con Castelló. Una cuestión que ha motivado la presentación de una queja formal por parte de la presidenta del PPCV y portavoz popular, Isabel Bonig.

En la misma sesión de las Cortes han comparecido el consejero de Hacienda, Vicent Soler, y la titular de Justicia, Gabriela Bravo, que también han mantenido un duro cruce dialéctico con los populares a cuenta de la herencia recibida.

Soler ha resaltado que ya no caben más parches y que es necesario un nuevo modelo de financiación autonómica. Durante su intervención, el consejero de Hacienda ha adelantado que los presupuestos de 2016 incluirán los previsibles ingresos de un nuevo sistema para poder cuadrar las cuentas.