Una sanidad asfixiada por la tijera

Algo más de cuatro años han bastado para poner contra las cuerdas el modelo sanitario catalán. El consejero de Salud y expresidente de una de las patronales del sector, Boi Ruiz, entraba en el Gobierno recomendando a los catalanes hacerse una mutua privada y advirtiendo de que el sistema, tal y como se conocía, era insostenible y había que apretarse el cinturón. Y se lo apretó. Concretamente, en más de 1.400 millones de euros de presupuesto, que se tradujeron en fuertes reducciones salariales y de plantillas, listas de espera disparadas y cierres sistemáticos de servicios, camas y quirófanos, entre otras medidas.

No engañó Ruiz cuando dijo que iban a aumentar las listas de espera. En 2011, el número de pacientes aguardando a ser operados se disparó un 26% con respecto al año anterior, alcanzando el récord de 193.879 personas. Pero tras tres años de colapso en las listas, Ruiz entró en 2015 presumiendo de que en 2014 habían cumplido los tiempos de espera en las 14 intervenciones con plazos garantizados por ley. Y casi se cumplieron, pero a costa de derivar 16.253 pacientes a otros centros de la red pública, algunos de titularidad privada.

El presupuesto de Salud pasó de 9.875 millones de euros en 2010 a 8.466 en 2015. Ruiz achacaba los recortes a la “infrafinanciación crónica” del Estado y se vanagloriaba de que la Generalitat había dedicado el 40% de su presupuesto a Salud.

El consejero justificó con la crisis las nuevas reformas que iba a imponer. En un modelo sanitario como el catalán —basado en la colaboración público-privada—, Ruiz se sirvió de las alianzas estratégicas —convenios de colaboración entre centros, independientemente de su titularidad— y la externalización de servicios para aligerar costes. No privatizó ningún hospital, pero las empresas privadas lograron más presencia que nunca en el sector público.

Además, Ruiz redujo horarios de quirófanos y cerró salas de operaciones que, en algunos casos, se ponían a disposición del paciente de pago cuando estaban cerrados para la vía pública. El consejero apeló al auge de la cirugía mayor ambulatoria (que no requiere ingreso) para justificar el cierre de camas en los hospitales (unas 1.000 plazas menos), una medida que acabó provocando colapsos en las urgencias de los centros sanitarios e, incluso, en el verano de 2014, motines de los pacientes para que no cerrasen más plantas. Según el sindicato Metges de Catalunya (MC), se cerraron además la mitad de los puntos de atención continuada que había en Cataluña (pasaron de 142 en 2010 a 76 en 2014). “Esto es dramático y repercute mucho en los pacientes del mundo rural, que han de trasladarse muchos kilómetros”, señala el presidente de MC, Francesc Duch.

Pero si en algo coincide el consejero con sus detractores es que la calidad asistencial se ha podido mantener casi intacta gracias al “sacrificio” de los trabajadores, que sufrieron el grueso de los recortes: los sanitarios vieron disminuidas sus retribuciones (un 30% en 2011) y congeladas sus pagas mientras les aumentaban la carga de trabajo al no cubrirse las bajas de personal. Sólo en el Instituto Catalán de la Salud (ICS), que engloba a ocho grandes hospitales, se redujo la plantilla en 5.659 personas en estos cuatro años.

A la lista de recortes se sumaron, además, sombras de privatización del sistema. La Sindicatura de Cuentas encontró irregularidades "recurrentes" en los consorcios sanitarios (adjudicaciones a dedo y pagos injustificados a directivos, entre otras) que hicieron cuestionar el modelo mixto que ha pervivido durante 20 años con la connivencia de los grandes partidos.

“Hemos bajado en salud y calidad asistencial porque han querido adelgazar el sistema público para dar recursos a la privada”, critica Pep Martí, portavoz de la Marea Blanca en defensa de la sanidad pública. Según un estudio del Fórum Catalán de Atención Primaria (FoCAP), el Gobierno sólo ha cumplido 2 de las 34 propuestas electorales que hizo CiU en la campaña de 2012 sobre salud. “Ha sido el mandato de los recortes y las privatizaciones”, zanja Jaume Gabarró, de CC OO.