Carmena supedita la Operación Chamartín a las generales

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (Ahora Madrid), ha avanzado este mediodía que esperará hasta después de las elecciones generales, previstas en principio para mediados de diciembre, para resolver si da su visto bueno, modifica o frena definitivamente la conocida como Operación Chamartín. “Estamos al borde de un nuevo proceso electoral y hay que tenerlo en cuenta. Es una operación que lleva 20 años, ¿es necesario resolver en estos escasos dos meses y medio?”, ha señalado la alcaldesa en un acto informativo organizado por el diario ABC y la consultora Deloitte.

Carmena considera que esta operación urbanística “tiene que ver con las elecciones porque está implicado fundamentalmente el Ministerio de Fomento”. Según este argumento, “gran parte de la justificación para construir las viviendas es que sería el precio que pagaría el Estado a unos inversores para que se arreglara la estación [ferroviaria de Chamartín]”. “Estuve hablando con la ministra de Fomento, Ana Pastor, para ver qué expectativas tenía sobre la estación. (…) El proyecto de la estación de Madrid depende de lo que diga el Gobierno central”, ha añadido para defender esta supeditación del proyecto urbanístico al próximo resultado electoral.

El plan, ideado hace 20 años como Operación Chamartín y ahora rebautizado como Distrito Castellana Norte, prevé extender el paseo de la Castellana 3,7 kilómetros hacia el norte y redibujar un área de 3.114.336 metros cuadrados con 17.699 nuevas viviendas, 56 hectáreas de zonas verdes (la mitad del Retiro) y un área financiera con rascacielos tan altos como el edificio Chrysler de Nueva York.

Tras más de un año de negociaciones secretas, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y las empresas estatales Renfe y Adif firmaron el pasado 22 de enero un convenio con la promotora Distrito Castellana Norte (conocida antes como Duch; el BBVA posee el 75,5%, y la constructora San José el 24,5%). El Ayuntamiento preparó a continuación un Plan Parcial de Reforma Interior (que sustituía al ordenamiento urbanístico aprobado en febrero de 2011 y anulado posteriormente por la justicia), pero no tuvo tiempo para sacarlo adelante antes de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo. Ahora, el desarrollo depende de que el Ayuntamiento de luz verde a un nuevo plan urbanístico, y de que lo haga antes de finales de 2016, fecha límite que la promotora se marca antes de descartar como imposible el desarrollo.