Verano de sospechas

El acontecimiento más triste, desolador e indignante de este verano es sin duda el éxodo de las poblaciones que pretenden llegar a la Unión Europea huyendo de las guerras y matanzas de Siria y otros territorios conflictivos próximos. La imagen del niño muerto, los heridos desatendidos, el sufrimiento de familias exhaustas, mueven a la compasión. El drama de una multitud desesperada desencadena la solidaridad ciudadana, pero también temores y egoísmos defensivos individuales y colectivos, así como mezquindades económicas e ideológicas de algunos gobiernos. La culta Europa ha comprendido que no es posible desentenderse de ese éxodo interminable. Los gobernantes han decidido coordinar sus esfuerzos para atender a esa masa de fugitivos. Pero, inevitablemente, aquí salta la sospecha.

El criterio de atención prioritaria lo marcará la especialidad de los ministros que abordarán las soluciones. El día 14 se reunirán los de Interior para “fortalecer la respuesta europea”, obviamente, con el peso de sus normas e instituciones de contención. Acudirá el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que no es un ejemplo de calidez solidaria. Aportará su experiencia en las fronteras de Ceuta y Melilla. Mientras regatea vergonzosamente cuotas de refugiados, podrá ofrecer a Europa modelos de “concertinas”, aquellos fuelles de alambradas acuchilladas que se hicieron célebres por su inútil crueldad.

El ministro de Interior ha protagonizado otras peripecias este verano que parecen nimiedades ante la magnitud del drama del éxodo sirio. El 29 de julio recibió a Rato. Sería injusto e imprudente olvidarlo. Todavía no sabemos para qué se vieron, ni de qué hablaron. Las explicaciones del ministro en el Congreso son inverosímiles. Alegó que era su obligación recibir a Rato por motivo de su seguridad, pese a que todavía dispone de escolta policial permanente. Pero no consta que aportara datos sobre las graves amenazas que, según él, se cernían sobre Rato como para exigir la intervención directa del ministro. La insuficiencia notoria de razones y la incongruencia de las excusas impiden que decaigan las sospechas.

El PP protagoniza nuevas actuaciones anómalas de difícil justificación, desde la extraña reunión de Fernández Díaz con Rato a la reforma del Constitucional por la vía de urgencia.

Basándose en estas sospechas los socialistas presentaron una denuncia penal para que se averiguara si en la entrevista se cometió algún delito o se proyectó su posterior comisión: tráfico de influencias, revelación de secretos, prevaricación, omisión de persecución de delitos. Sin embargo, las sospechas no sirven para abrir una investigación penal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Klass.1978) ya había sentenciado que para iniciar una investigación policial o judicial hacen falta “buenas razones o fuertes presunciones” de que las infracciones están a punto de cometerse. Algo más que sospechas, aunque algo menos que indicios racionales. Con este criterio, el Tribunal Constitucional ha recordado insistentemente a jueces y policías que la investigación penal no está para satisfacer la necesidad genérica de prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva, por muy legítima que sea esta aspiración. La investigación derivada de meras conjeturas es inconstitucional. El problema es que la línea que separa las conjeturas y sospechas de las “buenas razones o las fuertes presunciones” es difusa, cargada de subjetivismos. Podríamos pensar que la ausencia de explicaciones verosímiles, y la contradicción entre las versiones del ministro y de Rato, desencadenan razonablemente algo más que sospechas. La fiscalía y los jueces, sin embargo, creyeron que eran algo menos. Con una interpretación estrecha y rigurosa de las leyes archivaron la denuncia. No nos ayudarán a saber de qué hablaron. Por eso sólo nos queda la sospecha.

La línea que separa las conjeturas y sospechas de las “buenas razones o las fuertes presunciones” es difusa.

Y cuando parecía que ya no había nada más que sospechar, el PP, desde Barcelona, exige el cumplimiento de las leyes, pero no solo las vigentes, sino además otras nuevas prefabricadas por ellos para la ocasión. Anuncia una sospechosa proposición de reforma parcial de la ley del Tribunal Constitucional. Es sospechosa la fórmula empleada por el presidente del Congreso para la admisión a trámite de la proposición de ley, sorteando la preceptiva intervención de la Mesa del Congreso. Es sospechoso el urgentísimo cauce parlamentario empleado, sorteando los informes necesarios del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Es sospechoso comprometer al Tribunal Constitucional en severas funciones sancionadoras, acumuladas a las ya vigentes, que son suficientes, proporcionales, duras y efectivas. Aunque doña Soraya procure ofrecer una imagen técnico-jurídica aséptica de la reforma, su asepsia ha sido desbaratada por las burdas amenazas extrajurídicas de nuestro Le Pen local, que, al parecer, no precisa ser parlamentario para legislar al galope.

José María Mena fue fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.