Aún hay jueces en Cataluña

"Me alegra comprobar que todavía hay jueces en Berlín”. La leyenda atribuye la frase al rey de Prusia Federico II el Grande. Molesto porque un molino situado cerca de su palacio le estropeaba las vistas, el rey envió a un emisario para que lo comprara por el doble de su valor, para después echarlo abajo. El molinero declinó el ofrecimiento. El rey insistió doblando la oferta, pero el molinero no dio su brazo a torcer. Entonces, Federico II le conminó a aceptar la oferta bajo la amenaza de un decreto de expropiación sin ninguna compensación. Poco antes de agotarse el plazo dado, el molinero se presentó ante el rey, que estaba convencido de que su súbdito habría recapacitado y comprendido la magnanimidad de su ofrecimiento. Sin embargo, el molinero sorprendió al rey entregándole una orden judicial que prohibía a la Corona expropiar y demoler un molino sin otra motivación que su satisfacción personal. Tras leer la resolución, y cuando todo el mundo esperaba que montara en cólera, el rey miró al molinero y exclamó satisfecho: “Me alegra comprobar que todavía hay jueces en Berlín”.

El “juez de Berlín” simboliza el Estado de Derecho: la independencia de los jueces frente a la tiranía y la arbitrariedad del poder político; la primacía de la ley, expresión de la soberanía popular, la garantía de que todos los ciudadanos son iguales ante ella y la sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico. Esta célebre historia me ha venido a la memoria después de ver la reacción de la plana mayor de la candidatura Junts pel Sí tras los registros policiales de la sede de Convergència (CDC) y de la fundación CatDem. La reacción de CDC era previsible conforme a la doctrina Pujol: todo es una estrategia del Estado, concretamente del Gobierno, para perjudicar el proceso secesionista, otro ataque a la dignidad de Cataluña. Por suerte, para muchos catalanes el espantajo de la conspiración planetaria contra Cataluña empieza a resultar tan inverosímil como el contubernio judeo-masónico de antaño.

Era de esperar que los convergentes desempolvasen el manual del padre fundador, pero lo que no estaba en el guión era que sus ahora socios, con Raül Romeva a la cabeza, salieran en tromba a recitar la letanía del ciego (“Y sin embargo con tu mano guías y a tientas toco lo que apenas veo, y digo acaso para que sonrías lo que no creo”, parafraseando a Rubén Darío). Poco les importa a los que tocan a tientas que los registros fueran ordenados por un juez de primera instancia e instrucción del Vendrell, en el marco de una investigación que se inicia a raíz de la denuncia de una concejala ¡de ERC! en el Ayuntamiento de Torredembarra.

Cuando Junts pel Sí atribuye el registro de CDC y CatDem a maniobras del Gobierno para hacer descarrilar el proceso secesionista, no solo está poniendo en entredicho el Estado de Derecho sino la honradez del juez

La guardia pretoriana de Mas recela incluso de la fecha elegida para llevar a cabo los registros, porque coincide con el primer acto multitudinario de Junts pel Sí. Es lo que tiene atiborrar el calendario de días históricos, que luego ningún día es bueno para que el Estado de Derecho funcione.

Sin embargo, así funciona un Estado de Derecho. Una vez se admite a trámite una denuncia, el proceso judicial es inexorable. Y no olvidemos que la denuncia se presenta ante un juez ordinario cuyas decisiones están fundamentadas en criterios estrictamente jurídicos y no de oportunidad política. Es verdad que desde el destape independentista de Jordi Pujol han salido a la luz todas sus corruptelas y las de su partido. Pero no es menos cierto que desde entonces también hemos conocido casos como el escándalo de los ERE o el caso Rato, que afectan a partidos contrarios a la causa secesionista. Incluso hemos visto la imputación de la infanta Cristina. ¿Acaso alguien con dos dedos de frente puede sostener que esos procesos son ataques a la dignidad de España?

Cuando Romeva, Forcadell y compañía atribuyen los registros a maniobras del Gobierno para hacer descarrilar el proceso secesionista, no solo están poniendo en entredicho nuestro Estado de Derecho sino que están cuestionando la independencia y la honradez del juez de El Vendrell y, por ende, la de todos los jueces de este país. ¿Acaso se creen que a los jueces les importa un bledo su propia reputación? No, señores, la inmensa mayoría de los jueces de este país desempeñan su cargo con la mayor diligencia y pulcritud posibles. Ellos son los primeros interesados en que sus actuaciones resulten procedentes y ajustadas a Derecho.

A algunos nos alegra comprobar que todavía hay jueces en Cataluña. Está claro que a otros no tanto.

Nacho Martín Blanco es periodista y politólogo.