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informe del tribunal de cuentas

“La adjudicataria del tranvía de Parla debió asumir los sobrecostes”

El Tribunal de Cuentas encuentra numerosas irregularidades en la obra estrella de Tomás Gómez

Un tranvía circula por Parla el pasado mes de junio. Ampliar foto
Un tranvía circula por Parla el pasado mes de junio.

El tranvía de Parla, que ha dejado en la localidad una deuda de 256 millones de euros, se construyó sin hacer un estudio previo de transportes alternativos. Así lo pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas, que ha fiscalizado esta infraestructura. El organismo también echa en falta una definición más exacta de las mejoras que podían hacer las empresas que acudieron al concurso de adjudicación. El informe, al que todavía puede alegar el Ayuntamiento, afirma que debió ser la adjudicataria la que se hiciera cargo de los defectos del proyecto que le fueran imputables, cosa que el Consistorio no aplicó.

El tranvía de Parla, obra estrella de Tomás Gómez, fue adjudicado por 93,5 millones de euros (74,9 para la infraestructura y 18,6 para el material móvil). En un principio se diseñó con 21 paradas, pero luego se rebajaron a 17. A lo largo de su ejecución se aprobaron mejoras o subsanaciones de errores por 36 millones. La idea era unir el nuevo barrio de Parla Este, donde vivirían unas 30.000 personas, con el centro. El Tribunal de Cuentas ha auditado esta inversión. Estas son sus conclusiones más relevantes:

Sin estudio previo. El Ayuntamiento decidió el tranvía como medio de transporte sin estudiar si había otros medios más adecuados, “tanto desde un punto de vista social como de sostenibilidad económico-financiera”. “No se determinó la alternativa más favorable en su conjunto, lo que evidencia una insuficiente planificación de la iniciativa”, recoge el anteproyecto del Tribunal de Cuentas.

Una obra de 149 millones para 40 años

El tranvía de Parla se adjudicó por 93,5 millones (IVA no incluido) en mayo de 2005. En diciembre de 2006 y en junio de 2009 se aprobó la modificación presupuestaria. El precio del proyecto original se incrementó en más de 40 millones, hasta los 149 millones de euros.

Los 110.000 habitantes de la ciudad tendrán que afrontar otros 122 millones en intereses para refinanciar el pago. El calendario de pagos, previsto hasta 2037, supone un coste total de 255,9 millones.

La adjudicación, por 40 años, comprende la construcción, suministro de material móvil, explotación, operación y mantenimiento de los 8,5 kilómetros de doble vía del transporte.

El número de viajeros en 2011 fue de cinco millones de personas. La frecuencia en hora punta es de siete minutos.

Una auditoría sobre las cuentas de 2013 de la empresa concesionaria refleja que el Ayuntamiento le debía 180 millones el año pasado.

Contratos irregulares. El Ayuntamiento encargó mediante sendos contratos la viabilidad funcional y económica (por 25.603 euros) y la viabilidad del trazado (25.462 euros). “Ambos contratos se tramitaron simultáneamente, sin que conste el motivo para su realización de forma independiente”, analiza el informe. Se pudo incumplir la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El Ayuntamiento tampoco valoró el coste ni la rentabilidad de la gestión externa.
Carencias del pliego. El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) “adolecía de ciertas carencias e indefiniciones en determinados aspectos”. No se recogen las mejoras que podían hacer las empresas ni sobre qué elementos. “El PCAP no detalló suficientemente la forma de valoración y puntuación de los diferentes subcriterios en que se desglosaron los criterios de adjudicación”, añade.

Proyecto y obra deficientes. El Tribunal cree que se produjeron “deficiencias en la elaboración y ejecución del proyecto constructivo y en la recepción de la obra”. El acta de replanteo se suscribió antes de ser aprobada en pleno. La obra se ejecutó con retraso: tres meses en la primera fase y cinco en la segunda. “La puesta en servicio se autorizó sin que se tenga constancia de si se habían subsanado los defectos identificados en los informes técnicos”, afirma el informe.
A cargo del adjudicatario. Las modificaciones que se produjeron en el contrato no se estaban plenamente justificadas. No respondían a necesidades nuevas o a causas imprevistas. En algunos casos se debieron a “imprecisiones del proyecto original o a modificaciones puntuales de los servicios afectados”. “El concesionario debió responder de los daños derivados de los defectos del proyecto de construcción, conservación y explotación de la obra pública que le fueran imputables, no habiéndose hecho debidamente efectiva esta cláusula en los casos procedentes”, añade el informe.

Sin memoria explicativa. Las modificaciones se realizaron sin la emisión de las memorias que justificasen “su necesidad, la desviación producida y la improcedencia de la convocatoria de una nueva licitación”.

Coste para el Ayuntamiento. El Consorcio Regional de Transportes no asumió los costes que recogía el PCAP durante los cinco primeros años basado en los kilómetros recorridos por los tranvías. Al ser una fórmula del Ayuntamiento, entendió que debía pagarlo esta Administración. El Tribunal critica que el Consistorio asumiera las facturas sin revisar el cálculo de la concesionaria.
Sin asignación presupuestaria. La penúltima conclusión, la número 20, es contundente: “El Ayuntamiento no contó con estudios que evaluasen suficientemente los efectos que la construcción y explotación del tranvía producirían sobre la hacienda municipal, sin que dispusiera de crédito suficiente en ningún ejercicio para poder hacer frente a los compromisos adquiridos”.

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