Empresarios del transporte llevan al juez el concurso de ambulancias

El concurso público del transporte sanitario catalán, el mayor de la legislatura tras ser adjudicado por unos 2.000 millones de euros, sigue trayendo cola. Después de una polémica adjudicación que repartió el grueso del pastel entre tres empresas multinacionales y dejó fuera a las compañías históricas del sector, el último envite al controvertido proceso viene de la mano de algunas de esas empresas. Ante la desestimación de las alegaciones por parte del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, esas empresas han presentado un recurso contencioso-administrativo por “irregularidades” en la adjudicación.

Las irregularidades a las que hace referencia la demanda van en la línea de los recursos presentados durante el período de alegaciones. Según fuentes del sector, las empresas denuncian que Transporte Sanitario de Cataluña (TSC), uno de los ganadores del concurso, ofertó vehículos de transporte sanitario no urgente “que no están disponibles”, porque ya están vinculados a otros contratos en Canarias y Aragón. De los 47 vehículos presentados por TSC, siete están relacionados con el concurso de Aragón y 31 con los de Canarias. Las mismas fuentes señalan que “está probado” que la empresa presentó ambulancias que no tiene disponibles y a la hora de adjudicar el concurso, denuncian, Salud era consciente de ello, por lo que “se deduce que puede haber indicios de prevaricación denunciables en un futuro”, advierten.

Otras irregularidades que denuncian las empresas responden a que algunas compañías no disponen de “un plan de implantación detallado del transporte sanitario urgente”, vehículo por vehículo. Las bases concursales señalan que la no presentación de este plan es un motivo de exclusión o, al menos, de no valoración de este apartado, pero Salud sí lo evaluó. Fuentes del sector explican además que algunas de las empresas ganadoras presentaron certificados erróneos y algunos vehículos tienen una sobrecarga de la masa permitida o no están autorizados para transportar personas. Además de las demandas por la vía contencioso-administrativa, las empresas han solicitado medidas cautelares para paralizar el despliegue de los nuevos vehículos y están a la espera de la resolución judicial.

Un concurso polémico

La controversia ha plagado el concurso de ambulancias incluso antes de la licitación oficial: el juez que lleva el caso Innova tiene abierta una pieza separada en la que se investigan posibles maniobras para alterar el concurso. Después, tras la publicación de la licitación el verano pasado, las pequeñas empresas históricas del sector sufrieron el primer batacazo con la apertura de las ofertas económicas: grandes multinacionales y fondos de inversión se quedaban, previsiblemente, con la mayor parte del contrato. Las alegaciones presentadas en ese momento dieron un pequeño vuelco a las adjudicaciones finales y permitieron la entrada de algunas compañías más pequeñas, pero la mayor parte de la licitación siguió en manos de la multinacional danesa Falck, la unión temporal de empresas (UTE) formada por Egara y Lafuente y Transport Sanitari de Cataluña (TSC), el grupo perteneciente a la familia Bonomi (también propietarios de la mitad del parque temático PortAventura). El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público dio el último golpe al sector al desestimar todos los recursos presentados para impugnar el concurso.

Además de las demandas, las empresas han solicitado medidas cautelares

Salud confirmó que “se han comenzado a firmar los contratos” hace unas pocas semanas. El despliegue de los vehículos, aseguró un portavoz, “dependerá del SEM”, el Servicio de Emergencias Médicas, responsable de la gestión del servicio de ambulancias. Las fuentes del sector consultadas aseguran que la firma de los contratos para formalizar la adjudicación también se ha retrasado porque “están haciendo tiempo al no tener solvencia económica y no disponen de los vehículos”.