La sanidad pública, menos pública

“¡Díganme algo que yo haya privatizado!”, retaba el consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, a la oposición en el Parlament. Para negar la privatización sanitaria global de la que se le acusaba, Ruiz defendía no haber vendido ningún hospital a empresas privadas. Y si bien es cierto que Salud no ha vendido nada a entes privados ni los pacientes tienen que pagar por ser atendidos en un centro público, las empresas privadas sí tienen cada vez más peso en el sector público a través de dos grandes eufemismos: la externalización de servicios y las alianzas estratégicas.

La cúpula de Salud puso sobre la mesa desde el inicio de la legislatura un cambio de modelo del sistema sanitario. Dos informes de la consultora PriceWaterHouse Coopers (PWC) a petición del Departamento dibujaban la hoja de ruta del equipo de Boi Ruiz: el primero pasaba por trocear el Instituto Catalán de la Salud en una veintena de empresas abiertas al capital privado. El segundo sugería dejar en manos de entes con afán de lucro a 18 hospitales de la red pública propiedad de fundaciones y consorcios, y subastar 30 laboratorios y las ambulancias.

PWC recomendaba hacer esta transición a través de las llamadas alianzas estratégicas —acuerdos entre hospitales independientemente de su titularidad, para transferirse la gestión de servicios—. Con la excusa de la falta de recursos, los centros sanitarios también podían externalizar algunas actividades a empresas privadas a través de concursos públicos o por adjudicación directa. Al final, fueron más los intentos que los hechos consumados de entrada de capital privado en la sanidad pública. La presión social frenó el desmantelamiento del ICS y tiró atrás los proyectos sanitarios más controvertidos.

VISC+. El plan de vender datos sanitarios anónimos está a punto de activarse pero poco tiene que ver con su génesis. Salud pretendía sacar a concurso la gestión del VISC+ por 25 millones de euros durante ocho años. Sin embargo, por esa presión social, Salud descartó el concurso, asumió toda la gestión del VISC+ y redujo la venta, en una primera fase, sólo a entes públicos. En la segunda podrán entrar empresas privadas.

Privatización CAP. Uno de los grandes conflictos surgió cuando Salud sacó a concurso la gestión de varios centros de atención primaria (CAP). El ICS controla el 80% de ellos, pero el otro 20% depende de consorcios públicos, fundaciones privadas y entidades de base asociativa gestionadas por los sanitarios. La adjudicación del CAP de L’Escala a EULEN, una empresa ajena a la atención sanitaria directa, levantó todas las alarmas de privatización. Se impugnó la licitación y Salud frenó los concursos de otros 20 CAP.

Euro por receta. Seis meses duró la medida por la que Salud obligaba a pagar un euro por cada receta dispensada. El Constitucional la declaró inconstitucional. La recaudación fue, según Salud, de 45,7 millones de euros. Unos 100.000 catalanes ya han reclamado la devolución de la tasa.

Derivaciones. Para reducir listas de espera, Salud optó por derivar pacientes a otros centros de la red pública, en la que desde 2012 están tres hospitales propiedad de la compañía privada, IDC Salud. Sólo en 2014, el Departamento derivó 16.253 pacientes, casi el 50% de ellos a estos tres centros.

Convenio Clínic-Sagrat Cor. Un acuerdo entre el Clínic y el Sagrat Cor, de IDC Salud, permitió que el primero cediese pacientes de traumatología al segundo e incluso médicos que iban a operar directamente a las instalaciones del Sagrat Cor para reducir lista de espera. El proyecto se paralizó después de que los médicos se posicionasen en contra de estas prácticas.

Oftalmología en Viladecans. Salud derivó a más de 126.600 pacientes de oftalmología del hospital de Viladecans (ICS) al de Sant Boi, de una orden religiosa. Estos pacientes serían atendidos en el Instituto Catalán de la Retina (ICR), de titularidad privada, que mantiene acuerdos de colaboración con el de Sant Boi.

Alergología en el Trueta. El proyecto CIMS permitió que Salud externalizase parte del servicio de alergología del Josep Trueta a una empresa privada a través de un concurso licitado por el IAS. Sindicatos y alergólogos denuncian que con este movimiento, el Trueta amortizó una de sus dos plazas de alergología.