Andorra tiene la llave para aclarar el ‘caso Pujol’ un año después

Jordi Pujol evitó mencionar, en su comunicado del 25 de julio de 2014, dónde guardó su familia el patrimonio millonario que ocultó a Hacienda durante 34 años. Pronto se constató que fue en Andorra, refugio financiero tradicional de la burguesía catalana. A punto de cumplirse un año de la confesión (parcial) que derrumbó un mito, el país de los Pirineos es la clave de bóveda en la causa judicial abierta contra el expresidente de la Generalitat por fraude fiscal. La Batllia andorrana aún no ha decidido si envía a España información sobre los movimientos bancarios de los Pujol. Con los fondos (casi cuatro millones de euros) ya regularizados y a falta de otros indicios, la juez y el fiscal han depositado en esos datos sus esperanzas de llevar el caso a buen puerto.

Enviar una comisión rogatoria a Andorra fue una de las primeras decisiones que, tras la querella de Manos Limpias, adoptó la juez del caso Pujol. Andorra respondió en octubre con un “no, de momento”: pidió más información sobre el trasfondo de la causa antes de dar el paso porque, en Andorra, el delito fiscal como tal no existe. La nueva juez imputó en diciembre a Pujol; a su esposa, Marta Ferrusola, y a tres de los hijos (Pere, Marta y Mireia). Aprovechó para pedir, por segunda vez, los datos bancarios. También citó al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, como presunto gestor de la fortuna.

Ninguno de ellos aportó pruebas documentales que acrediten la tesis esbozada por el expresidente catalán en su comunicado y desarrollada más tarde, con exactitud, por los miembros del clan: el dinero procede de una herencia que el abuelo, Florenci, había legado a su nuera y a sus siete nietos ante el temor de que las actividades políticas de Jordi Pujol les sumieran en la ruina.

El pasado marzo, la magistrada insistió (por tercera vez) con la comisión rogatoria: hay sospechas de que los fondos proceden de “abusos en la alta función pública” de Pujol, dijo, de modo que los datos bancarios —movimientos de cuentas en Andbank y Banca Privada de Andorra— son básicos para averiguar si el origen de los fondos es lícito. Ésa sigue siendo la gran incógnita del caso y la que determinará si hay delito o no, porque la familia hizo aflorar el capital oculto el pasado verano. La cuestión es que la Batllia —los juzgados de instrucción del país— aún no ha contestado. Y si lo hace y dicen que sí, es previsible que la defensa de Pujol recurra ante el Tribunal de Corts, lo que retrasaría aún más el proceso.

Fuentes cercanas al expresidente están convencidas de que, como en el caso de Júnior —el primogénito está imputado en la Audiencia Nacional por blanqueo y fraude fiscal— Andorra acabará enviando la información “por las presiones del Gobierno español”. Esa posibilidad les deja indiferentes. “Hacienda ya tiene todos los datos y no va a aparecer nada más de lo que ya se ha explicado. No hay transferencias de Gas Natural, ni de La Caixa...”, ironizan.

La causa adolece ahora de cierta inactividad. Tras las declaraciones de la familia, el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo —el mismo de los casos Clotilde o Mercurio— tomó las riendas. Un elemento central es el expediente tributario de los Pujol. La Agencia Tributaria lo paralizó con el argumento de que prevalece la causa penal, por lo que de momento no puede concluirse si la regularización se hizo correctamente. En caso de que así fuera —y siempre que no se descubra un origen ilícito de los fondos— no habría delito y la causa quedaría archivada. Es la tesis de la defensa, que atribuye la paralización de la inspección al interés del Gobierno por “dejar vivo el caso para las elecciones catalanas”.

Hay asuntos nimios pendientes, como saber si se tomará declaración como testigo a la andorrana Marta Pallerola, que gestionó las cuentas de Mireia Pujol. El partido, por otro lado, también se juega en el campo andorrano, donde los Pujol han interpuesto dos querellas: una, por la filtración de datos (pendiente de unas diligencias); la otra, contra directivos de Andbank, aún no admitida a trámite.

Un año después de provocar su caída en desgracia —agobiado por las filtraciones sobre el dinero en el extranjero— Pujol sigue en el rincón. La comisión de investigación ha sacado a relucir el lado más oscuro de su obra de Gobierno y todos los grupos han aprobado —con la oposición de CiU— reprobar al expresidente catalán. El problema judicial es otro cantar. “Un año más tarde, nadie ha desmentido nuestra tesis. Quizá no tengamos pruebas suficientes para acreditar nuestra inocencia, pero ellos no tienen ninguna. Tenemos la absoluta confianza de que acabará de forma positiva”.