Hacienda embarga las ayudas sociales a sus deudores

Es vecina de Les Franqueses (Vallès Oriental). Tiene dos hijos y su esposo es un sin papeles. Está de baja, recibe una pensión de 379 euros y paga un alquiler de 350 euros. Las cuentas ya no le salen. Además tiene un problema cardíaco, que le obliga a comprar una medicina que no se puede permitir. Por ello acudió a los Servicios Sociales locales, que le concedieron varias ayudas mensuales: 100 euros para la comida de los pequeños; 15 euros para la medicación y 26 euros para sufragar sus viajes hasta el Hospital Vall d'Hebron. El Consistorio, sin embargo, no le puede entregar esos subsidios. El Estado le pide que se los embargue por tener una deuda de 1.500 euros con Hacienda.

El caso lo cuenta Marina Ginestí (CiU), que desde el pasado junio es la regidora de Asuntos Sociales de la población vallesana. Este fue el primer lío que se encontró al tomar posesión. “Estamos amarrados de pies y manos. Las becas comedor logramos dárselas por otra vía, pero no podemos darle ninguna ayuda en metálico”, explica la concejal. En el municipio hay otros dos casos similares.

El bloqueo deriva de un cambio en el reglamento general de la aplicación de los tributos del Estado, que obligó a que el año pasado los entes locales informaran de todas ayudas sociales y subvenciones que entregaban, independientemente de su cuantía. Hacienda hizo un cruce de esta información con la de sus deudores (por multas de tráfico o por venta ambulante, por ejemplo) y confeccionó una lista de personas a las que se les tienen que embargar las ayudas que entregan los entes locales.

Hay casos en los que ayudas para el alquiler, pobreza energética o las becas comedor cuentan como rentas de trabajo

No hay una cifra oficial de afectados. En Santa Coloma de Gramanet, por ejemplo, se ha registrado una veintena de casos. “También hay casos en los que ayudas para el alquiler, pobreza energética o las becas comedor cuentan como rentas de trabajo y se pide tributar por ellas”, denuncia la diputada socialista Núria Ventura.

Hacienda ha cambiado dos veces de criterio respecto a si puede confiscar las ayudas municipales de emergencia social de sus morosos, critica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). El pasado 20 de mayo, la Subdirección General de Procedimientos Especiales aseguró en un correo electrónico que sí podían ser embargadas, ante las dudas de varias direcciones territoriales. Dos días después, el propio Ministerio rectificó y dijo que estudiaba “ampliar el ámbito de las exenciones que afectan a las ayudas y declarar su inembargabilidad”.

“Hasta la fecha, se pueden seguir produciendo embargos mientras no se apruebe la norma anunciada o se dicten instrucciones o órdenes para no practicarlos”, insiste Mollinedo, que pide celeridad a la Administración. El pasado martes, el grupo de Convergència Democrática en el Congreso presentó una enmienda a la modificación parcial de la Ley General Tributaria para incluir dicha reforma. “Esperamos que el calendario permita aprobarla antes de agotar la legislatura. Es de sentido común”, dijo la diputada convergente Inma Riera.

El tema también fue abordado en el Parlamento catalán durante una interpelación de los socialistas la consejera de Bienestar Neus Munté. La también vicepresidenta explicó que las la semana pasada se había reunido con representantes de Hacienda para trasladarles la preocupación de los entes locales y de entidades como la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Federación de Municipios de Cataluña (FMC).

Se pueden seguir produciendo embargos mientras no se apruebe la norma anunciada o se dicten instrucciones o órdenes para no practicarlos”

“Recibimos noticias de que se harán los cambios legislativos, pero los problemas los seguimos teniendo sobre la mesa. Se trata de gente que no puede esperar”, critica Ginestí. “Faltan instrucciones claras a los Ayuntamientos de cómo abordar esta problemática”, agrega Raúl Moreno, delegado de la sectorial de política social del PSC.

De hecho, el tema ya ha sido tratado en varios consejos comarcales, a petición de los alcaldes afectados. Incluso la Diputación de Barcelona se ha visto obligada a solicitar a sus servicios jurídicos un informe, debido al número de peticiones de asesoría por parte de interventores y secretarios municipales, quienes han de retener las ayudas a los morosos.

Los letrados de la Administración provincial razonan que la Ley de Enjudiciamento Civil establece que no se pueden confiscar los bienes “que sean imprescindibles para que el ejecutado y las personas que dependen de él puedan atender su subsistencia con una dignidad razonable” y recuerda que las personas que reciben ayudas económicas están obligadas a justificar que el dinero que reciben se dedica a satisfacer necesidades básicas. Si un salario o una pensión no superan el salario mínimo interprofesional tampoco pueden ser retenida.

El informe de la Diputación también insta a los municipios a que informen a la Agencia Tributaria de que no pueden cumplir las diligencias de embargo en los términos requeridos. Cataluña, a diferencia de Navarra, por ejemplo, no tiene una norma especial que impida la embargabilidad de las ayudas, es por eso que el gabinete jurídico también insta a realizar una reforma en este sentido.

“La fragmentación de las ayudas sociales en Cataluña hacen también muy caótico el seguimiento por parte de Hacienda”, opina Mercè Darnell, responsable de Programas y Servicios de Cáritas, que pide una compactación.