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La Generalitat pide financiación al Plan Juncker para seis proyectos

La colaboración del sector privado es condición imprescindible

Andreu Mas Colell, en su escaño del Parlament.
Andreu Mas Colell, en su escaño del Parlament.

Los técnicos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) tienen en sus manos los primeros proyectos de infraestructuras propuestos por la Generalitat para que puedan ser financiados con créditos del Plan Juncker, con el que la Comisión Europea prevé movilizar 315.000 millones de euros para impulsar inversiones y el crecimiento económico. De los seis proyectos remitidos, uno ha sido rechazado. Se trata del túnel de la Conreria, que debe unir el Barcelonès con el Vallès con una fórmula de vía de peaje tras invertir 371 millones.

Los otros cinco planes siguen su propio ritmo de tramitación, pero los que se encuentran en un estadio más avanzado son la Central Integral Logística del Llobregat, presupuestada en 284 millones, y un fondo impulsado por el Institut Català de l'Energía (ICAEN) que reúne proyectos de eficiencia energética, que demanda inversiones por 400 millones.

El Departamento de Economía, dirigido por Andreu Mas Colell, ha iniciado la tramitación pese a que el plan de inversión de la Unión Europea no tiene reglamento. Previsiblemente se aprobará antes de julio para ponerse en marcha en septiembre. Pero el BEI, el banco encargado de recibir los proyectos, ha iniciado el análisis de potenciales candidaturas. Para poder beneficiarse de los créditos blandos a largo plazo, los proyectos tendrán que estar centrados en transporte, energía e investigación y desarrollo (I+D) y deberán contar siempre con participación privada. Los puramente públicos quedan descartados. De ahí que la Generalitat esté rehaciendo el listado inicial que elaboró en noviembre pasado, que incluía proyectos para captar hasta 6.800 millones de euros.

Tanto el parque logístico de Abrera (Baix Llobregat) como los proyectos recogidos por el ICAEN comparten esas características demandadas por la Comisión Europea, de la misma forma que lo tendrán que cumplir los otros tres proyectos: la estación de autobuses en Zona Universitaria, en Barcelona, un intercambiador de transporte público valorado en 284 millones; la terminal intermodal de l'Empordà, en Vilamalla (50 millones), y una biorrefinería, proyecto que costaría 150 millones y que todavía no tiene emplazamiento. También se contempla la posibilidad de incluir el campus científico de Barcelona Besòs, en Sant Adrià del Besòs. Si algún proyecto fuera aprobado, la Generalitat tendría que abrir con urgencia un concurso para lograr socios.

 

Las pymes, excluidas

El BEI de momento solo está recibiendo proyectos de inversión con un coste superior a los 25 millones, que son los que ha remitido la Generalitat. La Administración autonómica solo mediará en aquellos en los que está implicada como promotor. Las empresas que pretendan pedir financiación para inversiones que vayan a realizar en solitario tendrán que ponerse en contacto con el BEI. Solo quedarán excluidas de esa gestión directa las pequeñas y medianas empresas. En ese caso, el Instituto Catalán de Finanzas está llamado a convertirse en el intermediario para las pymes, si supera el proceso de homologación.

La idea es que los proyectos que reciban recursos del fondo de inversiones se puedan poner en marcha como muy tarde en 2017. Incluso se podrían beneficiar de esa financiación algunos que ya se han empezado a realizar, siempre y cuando no se hayan ejecutado en más del 50%. Antes de ahondar en proyectos, la Generalitat quiere asegurarse de que las inversiones con préstamos del Plan de Inversiones para Europa no computan como déficit o, al menos, que no se computarán a efectos de sanciones comunitarias.

El Plan Juncker surge de un ejercicio de ingeniería financiera. La UE asegurará 21.000 millones de euros, que serán utilizados para hacer emisiones de bonos para levantar 61.000 millones, 49.000 millones a partir del BEI y 12.000 a través del Fondo Europeo de Inversiones. Esos créditos son los que permitirán hacer inversiones por un total de 315.000 millones de euros si la ingeniería no falla.