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PARLAMENTO VASCO

Alfonso, Kattoor y Mohamed ya tienen derecho a una vivienda en alquiler

La oposición impone al Gobierno de Iñigo Urkullu la nueva ley que convierte la vivienda en alquiler en un derecho subjetivo y exigible en los tribunales

Los miembros de STOP Desahucios celebran la aprobación de la ley atlas

Alfonso R. de S. ha soñado varias veces con lo que esta mañana ha sucedido en el Parlamento vasco. Lleva más de tres apuntado en las listas oficiales como demandante de vivienda y dos siguiendo los debates parlamentarios. Esta mañana contaba emocionado junto a otros compañeros de STOP Desahucios, en Vitoria, que todavía no se cree que en unos meses podrá reclamar ante la administración vasca, y si no se la conceden ante los tribunales, una vivienda en alquiler.  El PSE, EH Bildu y UPyD acababan de aprobar la primera ley autonómica española que ofrece a los ciudadanos una vivienda en alquiler como un derecho subjetivo, y los miembros de la plataforma gritaban en el interior y en el exterior del Parlamento: "Sí se puede, sí se puede".

La nueva ley nace con el objetivo de cambiar el ciclo. Si hasta 2007  tener una vivienda en propiedad era el sueño de todo ciudadano y además el gran negocio de los bancos y cajas que concedieron dinero hasta el estallido de la burbuja, a sabiendas de que endeudaban a las familias por encima del 70% e incluso del 80% de sus rentas disponibles, a partir de ahora el Gobierno vasco va a centrar el 100% de su política de vivienda a la de alquiler. El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, ha dicho nada más aprobarse el nuevo texto que "hacemos nuestra la ley, pero habrá que hacer algunos ajustes, para que sea aplicable y no se quede en papel mojado". Toña, consciente de que la oposición le ha marcado una hoja de ruta que ni él ni el lehendakari, Iñigo Urkullu, comparten, ha precisado que la nueva ley obliga a hacer unas dotaciones presupuestarias adicionales de entre 60 y 80 millones anuales. 

Alfonso vive con su

pareja y dos hijos

con otra familia

Alfonso R. S. no es vitoriano, y en realidad no se llama así, aunque es español, pero prefiere presentarse de esa manera porque todavía desconfía de que, después de las polémicas que se han producido en Vitoria, cuando el ya exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, del PP, defendía el endurecimiento de las condiciones de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos para los más desfavorecidos, pueda entrar en algún tipo de lista negra. Alfonso, como los más de 52.000 demandantes de vivienda vascos registrados en el Gobierno vasco, de los que solo 12.500 quieren vivienda en propiedad, vive con su pareja y dos hijos, en un pequeño piso junto a otro matrimonio. Es uno de los que, según la nueva Ley de Vivienda, podrá ejercitar su derecho al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Gana menos de 15.000 euros y son tres miembros en la unidad convivencial, es decir, cumple las condiciones. El segundo año a partir de la publicación de la ley, podrán reclamar un piso de alquiler las unidades de dos miembros y con unos ingresos máximos de 12.000 euros, y el tercero las monoparentales con menos de 9.000.

El portavoz de Stop Desahucios de Vitoria, Arturo Val del Olmo ha defendido el texto detrás de una pancarta en la que criticaban los 3 desahucios diarios que ha habido en Euskadi en 2014.  En su opinión después de la presión de numerosas organizaciones sociales Euskadi empieza una batalla contra los desahucios, a través de la previsión de expropiar el uso de los pisos en poder de los bancos, aunque solo como una excepción cuando la administración no pueda ofrecer al necesitado una alternativa. Precisamente la expropiación del uso podría llevar al Gobierno de España a recurrir parcialmente la norma ante el Tribunal Constitucional y, en especial, después de que este órgano judicial tumbara en mayo el decreto de la Junta de Andalucía que regulaba la expropiación del uso de las viviendas vacías de las entidades bancarias. La resolución, que limita la posibilidad de regular la expropiación al Estado, no fue adoptada por unanimidad y tuvo el voto particular de cuatro magistrados. El País Vasco también ha incluido el derecho de tanteo y retracto para comprar los pisos y evitar los desahucios, en caso de que vayan a producirse.

Kattoor lleva inscrito en Etxebide desde julio de 2008. No le han llamado

La ley vasca intenta movilizar la vivienda vacía a través de medidas como el alquiler forzoso o el canon de viviendas vacías, aunque para empezar a cobrarlo habrá que configurar primero el registro público y después, que pasen dos años para considerarlas así. Ese canon anual será de 10 euros por metros cuadrado, y se incrementará un 10% anual hasta un tope de tres veces el canon inicial, mientras permanezca sin usar ni alquilar. Además, el Gobierno vasco deberá de orientar toda su política de vivienda hacia el alquiler. Según algunos datos hay 91.000 viviendas vacías en Euskadi de las que más de 40.000 podrían ser movilizables. Una cifra que coincide con los demandantes inscritos en los registros oficiales.  Kattoor lleva más de quince años en Vitoria. Lleva inscrito desde julio de 2008 en el registro oficial del Gobierno vasco denominado Etxebide y todavía no le han ofrecido ninguna vivienda pública. Vive de alquiler en un piso y como tantos, alterna periodos de trabajo con el salario público, (la Renta de Garantía de Ingresos), que también es un derecho subjetivo.

La nueva ley quiere centralizar todos los organismos públicos que median en la vivienda, en uno solo, que coordine todas las administraciones publicas precisamente con el objetivo de evitar duplicidades e ineficiencias. "Espero que funcione", asegura Mohamed, uno de los miembros de SOS Racismo que estaban en la concentración de STOP Desahucios, sobre todo porque la vivienda es una necesidad. Él vive en una vivienda de alquiler del Gobierno vasco, y paga el 30% de su renta bruta. Ahora podrá rebajarla al 15% de su renta disponible. La nueva ley fija que las cuotas para el pago del alquiler nunca podrán sobrepasar el 30% de la “renta disponible” de cada unidad familiar, o el 15% sin los ingresos son inferiores al Salario Mínimo Interprofesional.

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