Lobistas en la sanidad pública

La sanidad pública concertada ha dado un paso al frente una semana antes del pleno dedicado al sistema sanitario que acogerá el Parlament entre ecos del caso Innova. Una treintena de gerentes de hospitales han remitido una carta a los diputados en la que se ofrecen a darles “una visión amplia y objetiva de nuestro modelo que les permita abordar el debate con un pleno conocimiento de nuestra realidad”. Un paso que los gerentes ven necesario ante “la proliferación de informaciones que intentan desacreditar nuestro modelo sanitario” y que han generado un debate “del que el Parlament a menudo se hace eco, [pero que] expresa desinformaciones muy importantes y se basa muy pocas veces en informaciones reales y contrastadas”. El resto del texto insiste en argumentos como que el modelo sanitario catalán es un caso de éxito, puntero en Europa y que ha logrado mejorar la salud de los catalanes en las últimas tres décadas.

La carta es contundente. Y atrevida. Aún a riesgo de exagerar, podría pensarse que quienes la firman (gestores de hospitales financiados con fondos públicos) se han excedido de sus funciones. Se declaran primero poseedores de una verdad que, al parecer, escapa a ciudadanos, medios de comunicación e incluso diputados. Subiendo un poco el nivel, el escrito sugiere que unos y otros, presos de la ignorancia, la ineptitud o la mala fe —o una explosiva mezcla de todo ello— llevan un tiempo conspirando contra el modelo catalán de salud. Y por último, pero no menos importante, la gravedad de la situación es tal que es necesario que los gerentes bajen de sus despachos para mostrar a sus señorías el recto camino hacia el conveniente debate sanitario.

Podría también pensarse que los gerentes van aún un poco más allá. En su carta funden en una sola cosa la salud de los ciudadanos y el futuro del modelo sanitario catalán, con ellos como imprescindible argamasa. Así presentadas las cosas, en una especie de despotismo sanitario que añora tiempos pasados, estos cargos públicos hurtan a los demás actores el papel que las leyes les confieren. ¿Para qué van a movilizarse los ciudadanos contra recortes y privatizaciones si, además de no saber de lo que hablan, al hacerlo van contra su propia salud? ¿Para qué van a informar los medios si, además de carecer de datos reales y contrastados sobre la corrupción, solo pretenden hacer daño? ¿Para qué van a interpelarse los diputados en sus funciones parlamentarias si no saben documentarse? En fin, y lo más grave: ¿Para qué va esforzarse el conjunto de la sociedad en llevar el imprescindible debate sobre política sanitaria a la calle, los medios y los plenos si el intento, además de inútil, puede acabar siendo perjudicial para todos?

Probablemente todo esto sea una exageración y el paso dado por los gerentes tenga otra explicación. Ellos son el eslabón mejor remunerado —con sueldos de hasta 145.000 euros al año— de la administración catalana. Un sueldo que no les impide incumplir de forma sistemática la normativa de contratación en sus hospitales, como ha repetido hasta la saciedad la Sindicatura de Cuentas. Casi todos los firmantes también se han sumado con entusiasmo a extender por la red pública ese engendro llamado Barnaclínic, una clínica privada subvencionada con los impuestos de quienes no pueden pagar para saltarse las listas de espera. Muchos de estos gerentes también conocen bien, aunque hayan callado, los desmanes con fondos públicos cometidos por algunos. Y algunos los conocen tan bien porque dirigen centros convertidos en epicentros de la corrupción sanitaria. Sorprende también que los firmantes de la carta hayan hecho un hueco en ella al propietario de Corporación Fisiogestión, la exempresa del director del CatSalut a la que tan bien le van las cosas desde que colocó a su exejecutivo al frente de la sanidad catalana.

Así las cosas, y como casi siempre la explicación más sencilla es la más cercana a la verdad, lo más probable es que lo que estos gerentes pretenden hacer lobby para defender sus intereses y los de sus jefes —en la Generalitat y en las patronales— a una semana de un pleno complicado. Están en su derecho de hacerlo. El cabildeo es una práctica legal es España. Pero mejor que se ahorren las lecciones y no empuñen la bandera de defensa de la sanidad pública. De esto ya se ocupan otros. Aunque no sepan nada.