Encriptar o no encriptar

Existe desde hace tiempo una sutil guerra de posiciones en torno a la privacidad. Por una parte, gobiernos y agencias de inteligencia; por otra, organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos. Es una guerra larga, en la que la ventaja inicial de los segundos se convirtió en sonora derrota por KO después de los atentados del 11-S en Nueva York, con una lenta, difícil pero continua recuperación de estos segundos desde que Snowden confirmara públicamente la existencia de un programa de la NSA de vigilancia global de las comunicaciones llamado PRISM. En el último round, los segundos han conseguido limitar los poderes de la NSA y que la ONU se posicione a favor de la encriptación y el anonimato online.

Ha llovido mucho ya desde 2001, cuando el Parlamento Europeo inició una investigación sobre la existencia de un sistema global de intercepción de las comunicaciones privadas y comerciales, llamado entonces ECHELON. Las investigaciones habían empezado en el año 2000, con el objetivo de descubrir si Estados Unidos y sus aliados estaban espiando ilegalmente las comunicaciones globales en lo que algunos llamaron un “Gran Hermano sin causa”. En la primavera de 2001 una delegación de la UE viajó a Washington para hacer indagaciones, pero sus contrapartes estadounidenses cancelaron todas las visitas y EE. UU. volvió a negar, a pesar de las evidencias, la existencia del programa. En julio la delegación presentó su informe, que fue aceptado por el Parlamento el 5 de septiembre de 2001. Días después caían las Torres Gemelas.

Las consecuencias políticas del ataque de Al-Qaeda son de sobra conocidas: la Patriot Act, PRISM y la creación de “puertas traseras” en los sistemas de comunicación de grandes empresas para acceder a los datos de los usuarios de todo el mundo sin ningún tipo de supervisión judicial.

Snowden inauguró en 2013 el tercer round de este combate particular, permitiendo a las organizaciones de defensa de los derechos humanos recuperar la iniciativa y entonar un largamente silenciado “¿lo veis?”. Desde entonces, todos los actores del combate se encuentran en un cuerpo a cuerpo que a menudo ampara el inmovilismo. Los gobiernos europeos quieren explicaciones de EEUU, pero sin romper relaciones. América Latina se posiciona para liderar la iniciativa legislativa en protección de la privacidad, pero Dilma Rousseff anuncia junto a Mark Zuckerberg una controvertida iniciativa para proporcionar wifi gratuito en las favelas en unas condiciones que algunos han denunciado por vulnerar el principio de la neutralidad de la red, la libertad de expresión y la igualdad de oportunidades. Y mientras, el largamente anunciado reglamento europeo de protección de datos se eterniza entre pasillos y presiones inconfesables.

El último gancho, no obstante, se lo han apuntado las organizaciones de la sociedad civil. El relator especial de las Naciones Unidas para la promoción y la protección de la libertad de expresión acaba de publicar un informe dedicado exclusivamente a defender el anonimato online y la encriptación como requisitos para el disfrute de la libertad de opinión y expresión. La posición del relator sorprende porque hasta ahora en general se hablaba de la encriptación como algo negativo, propio de quien tiene algo que esconder.

Encriptar es el proceso matemático por el que un mensaje o cualquier tipo de información es convertido a un formato que sólo puede leer (desencriptar) la persona a quien va dirigido el mensaje, impidiendo o dificultando la intercepción. Países como Brasil, Venezuela, Rusia, Australia y algunos europeos ponen impedimentos legales a la encriptación, llegando incluso a prohibirla en sus constituciones e ignorando así que la mayor parte de nuestras conversaciones ya son secretas y no utilizables con fines policiales. En esto consiste la democracia, online y offline.

Como plantea el informe de Naciones Unidas, la encriptación y el anonimato proporcionan la privacidad y la seguridad necesarias para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en la era digital, posibilitando así el ejercicio de derechos económicos, el derecho de asociación y manifestación, el desarrollo del Estado de derecho y el derecho a la vida y a la integridad física. Son el prerrequisito de la democracia.

Deberían tomar nota los de la Ley Mordaza, pero también los que hacen bandera de los derechos humanos: sin tecnologías respetuosas con la privacidad, otras conquistas pueden quedar en papel mojado.

Gemma Galdon es doctora en políticas públicas.