Rita, Pirro y Boabdil

Rita Barberá, en la intimidad, es malhablada. Las cámaras de TV captaron la noche del 24-M cómo usaba una palabra que, por su polisemia, puede significar una piadosa jaculatoria eucarística o una malsonante referencia a un gran batacazo. Seguramente en ese momento no formulaba ninguna jaculatoria. La palabra la repitió la inefable Rita abrazando al delegado del Gobierno, presunto corrupto, detenido cinco días después. Con tosca sinceridad, se despedía, derrotada. Su candidatura ha sido la más votada, pero su victoria ha sido como la del rey Pirro, que venció perdiendo a la mayoría de sus guerreros. Lloraba, porque ha perdido para siempre su lujosa Alhambra consistorial que, como Boabdil, “nunca supo defender” como demócrata.

Durante mucho tiempo parecía que las innumerables noticias sobre la corrupción sistémica no habían de pasar factura en su territorio, ni en otros. Ofuscados por el botín de la rebatiña especulativa, fraguaron la crisis económica, medraron con ella, crearon pobreza y multiplicaron la desigualdad. Cundía la desmoralizante sensación de que los electores no reprueban la deshonestidad política, ni la notoria delincuencia gubernamental, jaleada por sus fieles y encubierta con las banderas adecuadas. Era incomprensible que les votara nadie, más allá de sus colegas, cómplices, encubridores, receptadores y expectantes de eventuales ventajas futuras. Pero les votaban.

Eso se acabó. La impunidad cívica, y a veces jurídica, de tanta corrupción es insoportable socialmente. Los votantes han formulado su castigo democrático. Ya no podrán seguir gobernando como hasta ahora, solamente con sus votos. Rita, abatida, expresiva y deslenguada, con el "caloret" de sus lágrimas, ha verbalizado la más sucinta descripción de lo que ha ocurrido: que el reproche moral de la ciudadanía se ha expresado como reproche político. Le ha ocurrido a la malhablada Rita y también a tantos otros. En Barcelona, Trias, comedido y educado, carga no solo con sus insuficiencias, sino, sobre todo, con los pecados de su viejo líder y familia, los de sus turbios compañeros de formación política, y los agobiantes e injustos recortes de su actual jefe de filas.

El reproche moral y cívico que, finalmente, manifiestan los ciudadanos con su voto, también se expresa, a veces, en las leyes que elaboran sus representantes en las Cortes. Está en trámite parlamentario un proyecto de ley para dar publicidad a las sentencias de fraude fiscal extraordinario. Se pretende, al parecer, defender las arcas de la Hacienda Pública redoblando, con su publicidad, la sanción a los grandes defraudadores. El pasado día 21 de Mayo el Consejo Fiscal (órgano consultivo de Fiscal General) emitió un informe sobre dicho proyecto. Con toda razón dicen los fiscales que la publicidad de aquellas sentencias debería extenderse a otras que también sean de relevancia pública. Por eso se debería incluir, en primer lugar, la publicidad de las sentencias que condenen a los políticos corruptos, porque sus delitos afectan gravemente a los intereses económicos públicos y privados tanto o más que los de los defraudadores fiscales.

El debate preparlamentario ha permitido conocer posiciones sorprendentes, objetivamente favorables a defraudadores y corruptos

El debate preparlamentario ha permitido conocer posiciones sorprendentes, objetivamente favorables a defraudadores y corruptos. Dicen que las penas de vergüenza pública son inconstitucionales, que la publicidad de la condena menoscabaría el honor del condenado. Pero mal podrían alegar su derecho al honor, porque, como ha dicho el Tribunal Constitucional, "ni la ley ni la Constitución pueden garantizar al individuo contra el deshonor que nazca de sus propios actos".

En base en este razonamiento cabría pensar incluso en un registro público de ese tipo de delincuentes antisociales, con indudables efectos disuasorios y de prevención. Un escaparate contra la desvergüenza. La lucha contra la corrupción exige formas novedosas y extraordinarias para combatirla, promoviendo el reproche moral, cívico y democrático, de forma proporcional y con los límites legales adecuados. La gente tiene derecho a conocer a los corruptos y sus fechorías, a castigarles con el rechazo social. El ejercicio del derecho a la información necesita una publicidad oficial efectiva, completa e inmediata de sus condenas.

El castigo electoral del 24 de mayo era necesario, pero no basta con una colleja política, desahogo democrático de una indignación excepcional. No basta con el batacazo groseramente descrito por doña Rita. Tras su catastrófica victoria pírrica y sus lágrimas de Boabdil, ya han empezado, todos ellos, a recomponer su Esperanza. Por eso, el reproche ético de la corrupción sistémica tendrá que mantenerse y expresarse mediante un rechazo democrático incuestionable, permanente e irreversible.

José María Mena es exfiscal del Tribunal Superior de Justicia