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Fernàndez (CUP) a un vigilante: “Son padres, cobran 400 euros”

Telefónica señala al diputado por participar en el “asalto” a la sede del Mobile en Barcelona y exige de nuevo el desalojo

El diputado David Fernández, junto a un vigilante en la ocupación de la tienda de Movistar en el centro de Barcelona.
El diputado David Fernández, junto a un vigilante en la ocupación de la tienda de Movistar en el centro de Barcelona.

El diputado de la CUP David Fernàndez entró en la sede permanente del Mobile World Congress de Barcelona diez minutos después de que comenzase la ocupación. El 23 de mayo, jornada de reflexión de las municipales, un centenar de trabajadores subcontratados irrumpieron en el local, de Telefónica, para exigir mejoras salariales. Fernández acudió a la ocupación para apoyar a los empleados y para “intentar calmar los ánimos” y “mediar”. Para entonces, un vigilante de seguridad ya había resultado herido.

Juan De Dios C. S., de 37 años y vecino del barrio de Horta de Barcelona, ha denunciado ante los Mossos que fue agredido. El vigilante relata que, a mediodía, una treintena de personas bajaron de una furgoneta aparcada en un área de carga y descarga de la calle de Fontanella. Juan de Dios fue “empujado, lanzado al suelo e inmovilizado” en la ocupación —a la que se sumaron después hasta un centenar de personas— y sufrió un corte en la cabeza tras recibir un golpe. En su denuncia, el empleado de Securitas relata que Fernàndez le cogió la cara con las manos y le espetó: “Tranquilo chaval, que el tema no va contigo. Estos son padres de familia que están cobrando 400 euros y tienen que defender sus derechos”.

Fernàndez confirma que le dijo esa y otras frases al vigilante, señala que en todo momento trató de protegerle y asegura que las fotos tomadas desde el interior del local —como la que publica este diario— acreditan su versión. El vigilante, en todo caso, no acusa directamente al diputado, que sí aparece señalado como persona que “intervino y asintió el asalto del edificio” en un escrito que Telefónica ha enviado a la Audiencia de Barcelona para que desaloje de forma urgente el local.

Telefónica pide que la Guardia Civil identifique a los ocupantes

El juez de guardia ordenó a los Mossos que identificaran “a los promotores de la ocupación”. La gestión, sin embargo, no dio sus frutos. “Unas 100 personas están en el interior del edificio y otras 100 en el exterior, cortando la calle Fontanella (...) Esta situación hace imposible proceder a la identificación de los responsables de esta acción, tal y como habéis indicado”, respondió la policía catalana al juez. Telefónica también ha reaccionado a la apatía policial y, en un escrito, ha pedido al juez que entregue el CD con las imágenes de las cámaras de seguridad “a La Policía Nacional o a la Guardia Civil, ambas policías judiciales”, para dar respuesta a la “orden que no ha sido cumplimentada por los Mossos”.

El sábado 23, el juez de guardia denegó el desalojo al considerarlo una medida “precipitada” que podría provocar “alteración del orden público y multitud de lesionados”. El juez recordó que se trata de un “conflicto laboral” que no debe extenderse al ámbito criminal. Telefónica no lo ve así y ha vuelto a exigir que los trabajadores subcontratados sean desalojados. La “invasión” del local de Movistar fue “deliberada” y la protagonizaron “sujetos que, lejos de limitarse a la mera protesta, irrumpieron de manera beligerante”, recoge el recurso de apelación. Además de “agredir al personal de seguridad”, los trabajadores “han realizado multitud de destrozos”, según el escrito del abogado de Telefónica David Aineto. Los empleados, denuncia el texto, han utilizado la ocupación como “pantalla” para dar cobijo a “grupos antisistema”.

Telefónica pone el acento en la participación de dos responsables públicos: Fernàndez, al que tildan de “máximo representante de la CUP en el Parlament”, y Jaume Asens, concejal electo de Barcelona en Comú. Ambos actuaron “por motivos más políticos que laborales” y aprovecharon la jornada de reflexión “demagógicamente” y como “método de presión política”. Asens se encontraba allí “apoyando y riendo el delito cometido”.

O, mejor, los delitos. Telefónica atribuye hasta cuatro delitos a los ocupantes (allanamiento de domicilio, lesiones, daños y coacciones) a partir de las imágenes de las cámaras de vigilancia. Los motivos para el desalojo, añade la compañía, sobran: los trabajadores han instalado “un generador de electricidad” que conlleva “riesgo de electrocución”. La empresa recuerda que el local —que es, a un tiempo, tienda de Movistar y sede del Mobile— está “dentro de una central telefónica” que cuenta con “un distribuidor y conmutador de conexiones que abastece a toda Cataluña”. Su hipotética inutilización por los trabajadores, advierte, “dejaría sin servicio a miles de particulares”. La compañía lamenta que, por cada día de ocupación, pierde 75.000 euros. Y ya va casi una semana.