El fiscal archiva la denuncia de ELA por las ‘vacaciones fiscales’

El fiscal Superior vasco, Juan Calparsoro, ha decidido archivar la demanda que el sindicato ELA formuló el pasado julio contra los responsables de las tres diputaciones vascas que en la década de los noventa pusieron en marcha los incentivos a la inversión, las denominadas vacaciones fiscales vascas y que cuando los tribunales europeos las consideraron ayudas de Estado y por lo tanto ilegales, y les obligaron a recuperarlas, tardaron más de una década en hacerlo.

ELA-STV, estimaba en su escrito que los responsables de las Haciendas Forales de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa podrían haber incurrido en delitos de prevaricación administrativa por omisión, por incumplir la sentencia de 14 de diciembre de 2006 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligaba a recuperar los fondos que, vía exención de impuestos de sociedades y recuperación del 45% de las inversiones (conocidas como vacaciones fiscales), fueron aprobadas por las Juntas Generales de dichos territorios forales para los ejercicios fiscales de los años 1994 a 1999.

Los responsables de las haciendas actuaron incorrectamente"

Como consecuencia de ese incumplimiento, "voluntario" según entendía el sindicato mayoritario, la Comisión Europea solicitó al TJUE la imposición de una multa que fue acordada por sentencia de 13 de mayo de 2014 del Tribunal de Justicia por importe de treinta millones de euros. Una multa que ha sido abonada mayoritariamente a la Hacienda europea por el Gobierno vasco, (21 millones), y por las tres diputaciones aludidas (el resto), con el dinero de los impuestos de todos los vascos.

Calparsoro considera "incuestionable que se produjo un incumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia" y que "los responsables de las Haciendas de los tres territorios obraron incorrectamente tras ser requeridas", pero más allá de ese tirón de orejas, la Fiscalía entiende que "no se han acreditado los elementos necesarios de los delitos objeto de la denuncia". En el decreto, el fiscal superior concluye que el proceso de recuperación de las ayudas consistentes en el crédito fiscal del 45% y en las llamadas “minivacaciones” tuvo complejidades, incertidumbres, dudas y diferencias interpretativas, "que retrasaron el cumplimiento de la sentencia del TJUE, con la consecuencia sancionadora señalada", pero que a juicio de la Fiscalía no implican la comisión del delito de prevaricación denunciado.