El 10% del interior del Complejo Canalejas, pendiente de la Comunidad
Los edificios del conjunto tienen ciertos elementos protegidos por su valor histórico
El histórico Complejo de Canalejas, formado por la manzana de los edificios de los números 6, 8, 10, 12 y 14 de la calle de Alcalá; el 1 de la propia plaza y el 7 de la Carrera de San Jerónimo, ha sido centro de la polémica en los últimos meses. El Grupo Villar Mir lo compró en 2012 al Banco Santander por 215 millones de euros. En un total de 75.000 metros cuadrados y con una inversión que ronda los 300 millones de euros, el grupo inmobiliario tiene previsto construir un centro comercial —15.000 metros cuadrados— en el primer sótano y en las dos primeras plantas; un lujoso hotel de cinco estrellas —211 habitaciones— en las cuatro siguientes; 25 viviendas vinculadas al servicio del hotel en las tres plantas superiores y 450 plazas de garaje en los tres sótanos inferiores.
La demolición del interior de los edificios comenzó en septiembre de 2014. El estudio de arquitectos Lamela, encargado del proyecto, desmontó la fachada del número seis de la calle de Alcalá “para introducir la maquinaria pesada” y asegura que la volverá a colocar en el tramo final de la obra. La ejecución del proyecto fue posible gracias a una modificación, por parte de la Comunidad de Madrid, de la Ley de Patrimonio Histórico, no exenta de polémica por alterar la definición de Bienes de Interés Cultural.
El Ayuntamiento de Madrid gastará 21 millones de euros en construir una pequeña estación subterránea para canalizar los autobuses que paran en la calle de Sevilla y peatonalizar la zona. La asociación de vecinos Madrid, Ciudadanía y Patrimonio ha presentado varios recursos contra el proyecto. La agrupación se queja de "los movimientos que Comunidad y Ayuntamiento han hecho para que se lleve a cabo el proyecto a toda costa". Urbanismo ha detenido el proceso de derrumbe por "exceder" los espacios acordados. Desde OHL reconocen que la orden de la concejalía afecta al 10% de la obra. Esta parte está pendiente de un recurso presentado ante la Comunidad de Madrid.
Sergio Lillo es alumno de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS.
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