Imputado otro concejal de Reus por el caso de las prótesis caducadas

El Juzgado de Instrucción 3 de Reus ha llamado a declarar como imputado al concejal de Promoción Económica de Reus, Marc Arza (CiU), por el caso de las prótesis caducadas de la empresa Traiber, que han causado una alerta sanitaria que ha obligado a poner bajo vigilancia a 6.000 pacientes en toda España. Arza ha declarado esta misma mañana. El juez le ha retirado el pasaporte y prohibido salir de España, y le obliga a comparecer ante el juzgado cada lunes. Arza figura en el número 4 de las listas de CiU para las elecciones municipales del 24-M.

Arza está siendo investigado por delitos societarios, contra la salud pública, contra la Administración y por blanqueo de capitales por el trato de favor que Traiber habría recibido desde el Ayuntamiento para que vendiera sus productos (prótesis de rodilla, cadera y vertebrales) al hospital Sant Joan, gestionado por el Consistorio y financiado con más de 100 millones anuales por el Servicio Catalán de la Salut (CatSalut). La imputación del concejal es fruto del registro hecho en el Ayuntamiento por la Guardia Civil, que actúa como policía judicial, el pasado día 28. En el operativo, que se enmarca en la pieza separada 4 del caso Innova, fueron detenidos la primera teniente de alcalde de Reus, Teresa Gomis; el dueño de Traiber, Lluís Márquez; y media docena de cargos sanitarios municipales.

El auto judicial considera que Gomis y Arza maniobraron en favor de Traiber, también radicada en Reus, después de que los médicos del hospital hubieran dejado de utilizar sus prótesis porque dudaban de la calidad de los productos. Las maniobras, según describe el juez, fueron dobles. Por un lado, los dos concejales participaron en las "presiones" sobre el jefe de traumatología, Alfredo Rodríguez, para que volviera a utilizar productos de Traiber. Por el otro, la empresa municipal Sagessa puso en marcha un concurso público "cocinado" para que lo ganara la empresa. Finalmente, sin embargo, el concurso no se celebró y el hospital compró las prótesis a dedo.

El auto destaca las declaraciones ante el juez del facultativo, en las que mostró su "sorpresa" porque en una reunión preparatoria del concurso, celebrada en febrero o marzo de 2014, fuera invitado Lluís Márquez. "Uno de los aspirantes [a ganar el concurso] no debería estar en este tipo de reuniones", afirmó Rodríguez. El médico relacionó la presencia del dueño de Traiber con "las presiones" que había venido recibiendo desde la propia empresa y desde el Ayuntamiento en favor de la empresa. El juez destaca que Arza fue, según el médico, "uno de los impulsores de las presiones" recibidas y que la presencia del concejal en la reunión "provocó que el declarante [Alfredo Rodríguez] se sintiera más presionado".

El juez también recoge en el auto un correo electrónico mandado por Arza a Gomis el 27 de mayo de 2013 en el que la conmina a "asegurarse" en el concurso en preparación de que "en igualdad de condiciones económicas y de calidad una empresa local como Traiber tenga un plus sobre competidores americanos como los actuales proveedores". Arza propone incluir una cláusula como "primar la entrega rápida del material, en 12 horas". El juez considera que, ante las dudas ya conocidas sobre la calidad de los productos de la empresa, el mensaje supone "un evidente intento de modificar el concurso para lograr la adjudicación a Traiber, no ya a cualquier empresa local, sino a Traiber".

EL PAÍS habló con Arza el pasado viernes por su participación en las reuniones investigadas. El concejal explicó que mantenía "contactos con Traiber al igual que con todas las empresas de Reus" debido a su cargo en el Ayuntamiento. "Traiber es una empresa con una larga trayectoria en el tejido empresarial de la ciudad", afirmó. "En una de mis visitas a la empresa, sus responsables me hicieron notar que habían quedado excluidos del hospital Sant Joan. Accedimos a tender puentes entre la empresa y el centro para tratar de desbloquear la situación", añadió.

Arza también admitió haber asistido a una reunión en la que también participaron el dueño de Traiber, Lluís Márquez; la directora médica del hospital, Pilar Closa; y el jefe de traumatología del Sant Joan, Alfredo Rodríguez. El concejal, sin embargo, insistió en que la reunión había transcurrido en un clima "de gran cordialidad". "Se habló de las prótesis de Traiber y del interés que tendría recuperar sus relaciones con el hospital, por las posibilidades de investigación y colaboración con la universidad que esto abriría", recuerda. "Pero en ningún caso se presionó al traumatólogo o se habló de problemas de seguridad de las prótesis. Y siempre quedó claro que la decisión última correspondía a su criterio médico", remachó Arza.

El hospital Sant Joan de Reus es el más afectado por la alerta sanitaria lanzada el pasado noviembre por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) tras la denuncia recibida de una trabajadora de Traiber de que la compañía estaba vendiendo productos caducados, sin licencia e incluso muestras comerciales no destinadas a su aplicación clínica. De los casi 6.000 pacientes en revisión, más de 1.500 corresponden al Sant Joan, de los que una veintena han tenido que ser vueltos a operar.