Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Lo público y lo privado

Hasta ahora no se han evaluado los modelos de sanidad implantados. El control es necesario para asegurar que equidad y eficiencia se mantengan como los fines últimos del sistema sanitario

Desde que empezó la crisis se han repetido las críticas no sólo a los recortes del sistema público, especialmente la sanidad y la educación, sino a una privatización creciente de las instituciones públicas. Privatizar es un término maldito que hace sonar todas las alarmas relativas a un sostenimiento correcto y justo del Estado de bienestar. En el caso de las prestaciones sanitarias, a las que quiero referirme ahora, las diversas maneras de dejar en manos privadas la cobertura de las prestaciones por parte de la Administración pública son demonizadas por principio. Como, además, no cesan de aflorar irregularidades en la adjudicación de obras y servicios sanitarios —el caso Innova de Reus es un ejemplo—, la identificación entre privatización y corrupción está servida. La colaboración de la Administración pública con la empresa privada es vista en general como un peligro que hay que conjurar sin excepciones.

Aunque las corrupciones son muchas y aportan suficiente fundamento para sustentar las inquietudes que despierta cualquier iniciativa de privatización, la interacción de lo público y lo privado merecería ahora un análisis tranquilo, detallado y sin prejuicios, alejado de confrontaciones partidistas, con el doble objetivo de aclarar lo que está ocurriendo y de aportar argumentos a favor o en contra de la equivalencia entre la cooperación privada y el deterioro y desguace de los servicios públicos. Eliminar prejuicios significa poner en cuestión ideas y afirmaciones que simplifican la realidad y no están suficientemente contrastadas. Así, la de que la empresa pública es ineficiente y la privada un modelo de eficiencia. O que la empresa privada no puede dejar de anteponer el afán de lucro a las funciones de servicio público. Contra tales prejuicios hay que preguntarse si los conciertos, consorcios, concesiones y demás formas de interacción entre lo público y lo privado se hacen tanto con vistas a sostener un sistema cuyo gasto carece de techo, como con el objetivo de sostener e incluso mejorar el acceso universal a las prestaciones sanitarias.

Acceso universal y eficiencia son los dos valores que debieran presidir la gestión de lo público

Acceso universal y eficiencia son los dos valores que debieran presidir la gestión de lo público. La Fundación Alternativas acaba de publicar un sustancioso informe —Análisis y propuestas para la regeneración de la sanidad pública en España— donde se abordan los problemas que plantea la financiación y la gestión de los centros públicos. Además de subrayar que el afán de mejorar la gestión no tiene por qué conducir a privatizar sin más, pone énfasis en la escasa o nula evaluación que ha merecido la diversidad de modelos sanitarios implantados en las comunidades autónomas. “No existe ninguna valoración general de los efectos de la implantación del modelo de centros de salud en los distintos territorios del Estado”. Sin control, sin evaluaciones, sin un seguimiento sostenido de la interacción público-privado, es lógico que se produzcan desviaciones del objetivo primordial: garantizar sin excepciones el derecho a la protección de la salud. En ocasiones, la interacción privada se produce en un marco que roza la alegalidad y, por lo tanto, la opacidad. O existe una regulación precisa, pero que fácilmente deja de cumplirse. No está entre nuestras costumbres la de evaluar sistemáticamente las iniciativas nuevas con el fin de comprobar si se cumplieron los objetivos establecidos. Un ejemplo de lo que debería ser: en Alemania, no hace mucho, se eliminó un copago, previsto para disuadir de la utilización excesiva de los servicios sanitarios, tras comprobar que no se había conseguido tal finalidad.

El control es imprescindible para asegurar que la equidad y la eficiencia se mantengan como los fines últimos del modelo sanitario, para comprobar si los medios instrumentados para garantizar ambos fines contribuyen a realizarlos o, por el contrario, los distorsionan. Por lo que hace a la corrupción, esta no dejará de extenderse si quienes la perpetran no se sienten vigilados desde fuera y desde dentro. El caso Innova estalló gracias a la denuncia de un concejal de la CUP. Estos días se exhibe en Barcelona el documental Corrupció. L'organisme nociu. Allí se muestra con nitidez que son excepcionales las personas con valor suficiente para plantarse ante las irregularidades, casi siempre a costa de perder el puesto de trabajo. La corrupción se extiende cuando falta un ethos, una manera de actuar que repele sistemáticamente las malas prácticas. La regeneración del sistema sanitario es un necesidad urgente. Conviene que nuestros parlamentarios se pongan a trabajar en ello sin más demora.

Victoria Camps es profesora emérita de la UAB

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