El PP de la Diputación contradice a Fabra: “Rus es del partido todavía”

Alfonso Rus no puede ser un tránsfuga porque “es miembro del PP todavía”, según el portavoz del partido en la Diputación de Valencia, Juan José Medina, que justificó así este miércoles que los diputados provinciales de su formación no lo apeen del cargo ni lo aparten del grupo. “Está suspendido de militancia, no expulsado”, insistió Medina, vicepresidente de la Corporación.

La afirmación contradice al presidente de la Generalitat y del partido en la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, que el domingo pasado, tras suspender a Rus y abrirle expediente, le reclamó que dejara de encabezar la candidatura a la alcaldía de Xàtiva porque “ahora mismo está fuera del PP”.

Medina, que se declaró amigo de Rus y dijo que, por ello, no es “objetivo”, replicó al portavoz socialista, José Manuel Orengo, que había calificado de “cinismo político” que el PP no considere a Rus un diputado “no adscrito”, tras suspenderle por las grabaciones que lo vinculan a una trama de supuesto cobro de comisiones ilegales. Orengo exigió que se aclare la situación porque puede ser que Rus sea “el primer presidente tránsfuga de una Diputación en España”.

La diputada de EUPV ampliará su denuncia al fiscal tras ver la documentación

Ambos portavoces hablaron a los periodistas tras la segunda reunión de la comisión de investigación creada para aclarar el escándalo alrededor de la empresa pública Imelsa, que depende de la Diputación. Emili Altur, de Compromís, que preside la comisión, anunció que la Corporación ha decidio personarse en la denuncia presentada el pasado mes de enero contra el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, interlocutor de Rus en la grabación en la que cuenta billetes supuestamente procedentes de una mordida.

Al mismo tiempo, Altur anunció una quincena de comparecencias ante la comisión que iniciará el actual gerente de Imelsa, Rafael Soler. También serán citados el exgerente Benavent, en paradero desconocido, el propio Rus y su vicepresidente Máximo Caturla, interlocutor de Benavent en las conversaciones que apuntan a una red de cobro de comisiones, así como los representantes de empresas como Ommega Mmoe y Detectives Sider 2000, que facturaron a Berceo Mantenimiento, la sociedad utilizada por Benavent, y también a Imelsa. El diputado de Compromís precisó que solo están obligados a acudir a las comparecencias los miembros de la Diputación. En el caso de los otros es voluntario. Sin embargo, Altur consideró imprescindible que los citados ayuden a aclarar “si ha habido contrataciones irregulares, a quién se ha beneficiado y si hay alguna trama detrás”.

El PP vetó una de las comparecencias solicitadas por el PSPV-PSOE, la del jefe del Consell, Alberto Fabra. Orengo la justificó para que Fabra explicara desde cuándo conocía que había una investigación sobre Benavent y la Diputación. “Hay indicios o sospechas de que lo sabía desde hace tiempo”, añadió. El popular Medina retó a Orengo a acudir al fiscal si considera que Fabra pude haber incurrido en algún delito.

A petición de los socialistas se celebrará un pleno de la Diputación de Valencia para abordar el caso. Ese plenario sería antes de las elecciones autonómicas y locales y se celebraría el 22 de mayo si el propio Rus lo convocara como presidente. Si eso no ocurre, se convocará automáticamente el día 4 de junio, una vez pasados los comicios.

La única que se refirió a la documentación interna de la Diputación para comprobar lo ocurrido fue la diputada de Esquerra Unida Rosa Pérez, que denunció el caso a la fiscalía y esta, posteriormente, lo trasladó a un juzgado, que investiga actualmente bajo secreto de sumario. “Es la documentación que faltaba sobre la presunta trama”, dijo Pérez, que anunció que la llevará para ampliar su denuncia a la fiscalía “antes de que acabe la semana”.

La diputada de Esquerra Unida explicó que la documentación a la que ha tenido acceso a través de la comisión de investigación corrobora que empresas que pagaban a Berceo Mantenimientos, la firma creada por Benavent, facturaban cantidades “muy elevadas” a Imelsa, la empresa pública de la Diputación de la que aquel era gerente. Rosa Pérez citó casos como el de Forval, que hizo pagos a Berceo y ha podido constatar, gracias a los documentos, que facturó 100.000 euros en 2008 a Imelsa y unos 200.000 euros en 2009. O como Carsan Rent a Car, que facturó más de un millón de euros en 2009 a la empresa de la Diputación.