Besteiro ve un interés espurio en la denuncia a su candidato de Ourense

La llegada de otro frente judicial en plena precampaña, con la fiscalía pidiendo la imputación por presunta prevaricación del candidato socialista a la alcaldía de Ourense y otros cinco políticos y expolíticos del gobierno de la tercera ciudad de Galicia, entre ellos el actual alcalde, viene envuelta en intereses espurios, según el secretario general del PSdeG. José Ramón Gómez Besteiro afirmó ayer que “todo el mundo sabe quién está detrás, qué pretende con esa denuncia y los ourensanos sabrán tomar nota de quién hace política y de cómo la hace”. Pese a la insistencia de los periodistas, Besteiro evitó aclarar a quién señala y cuáles son esos intereses. “La gente no es tonta y no van a conseguir lo que pretenden”, insistió.

El fiscal reclama la imputación del alcalde, Agustín Fernández, y del concejal y candidato, José Ángel Vázquez Barquero, por supuestamente prevaricar al nombrar en 2013 directora general en el Ayuntamiento a Carmen Rodríguez Dacosta, número dos en la candidatura. Esa designación fue tumbada mediante dos sentencias que certificaron que el gobierno local “solo buscaba mantenerla en nómina”. El sindicato USO, que denunció el nombramiento primero en la vía contencioso-administrativa, llevó después el caso a la jurisdicción penal. Casi simultáneamente y tras una denuncia, la fiscalía abrió otra investigación penal que ahora une al procedimiento iniciado en un juzgado de instrucción.

Barquero aseguró en una entrevista concedida a este diario que renunciaría a la carrera electoral si era imputado. Ayer evitó concretar si mantenía sus palabras: “En este momento no hay ninguna imputación y por lo tanto no procede. Yo no quiero hablar de hipótesis, solo de hechos”. Además aclaró que, con ese nombramiento, pudieron haber cometido “deficiencias” pero nunca delitos. También aprovechó para “acusar” al secretario general del PP y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de “politizar el procedimiento judicial iniciado por el fiscal”, de querer “influir en las decisiones de los jueces” y también de “subvertir el Estado de derecho”. Unas horas antes, Rueda vaticinó que el PSOE no aplicará en Ourense sus propias normas internas ante la implicación de socialistas en procesos judiciales. El código interno socialista estipula que sus cargos deben renunciar si se abre juicio oral contra ellos.