La obra sin licencia del CSIC en Doñana vulnera tres normas

La remodelación total que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Economía, lleva a cabo sin licencia en el Palacio de Doñana afecta a tres aspectos de la normativa: la obra lleva siete meses ejecutándose y aún no hay permiso de construcción, el edificio está protegido y solo permite obras de conservación y mantenimiento y, por último, se prevé un cambio de uso no previsto en el Plan General de Ordenamiento Urbano. El PSOE considera “ilegal” esta actuación, critica duramente al Gobierno por vulnerar la normativa y llevará, a través del vicepresidente segundo del Congreso, el diputado por Huelva Javier Barrero, una batería de preguntas al ministro de Economía , Luis de Guindos, para exigir explicaciones inmediatas.

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva), gobernado por el PP y responsable de vigilar y hacer cumplir la normativa urbanística, y la Reserva Biológica del parque, promotora de la conversión del histórico palacio en centro tecnológico, intentan negociar una salida, según fuentes municipales. Sin embargo, la situación es muy complicada ahora puesto que las obras, pese a no tener licencia, están muy avanzadas y se ha demolido parte de la distribución interior del edificio.

La Reserva Biológica del CSIC alega que pagó la tasa correspondiente, pero esa circunstancia no implica la concesión de licencia, que no está aprobada según confirmaron fuentes municipales, y la documentación aportada no es suficiente. En cualquier caso, la concesión del permiso ahora sería siete meses posterior al comienzo de las obras.

El Palacio de Doñana, un cortijo andaluz del siglo XVI en el que pasaba sus vacaciones Felipe González cuando era presidente y por el que han pasado numerosos jefes de Gobierno y Estado, entre ellos Helmut Kohl y Mijail Gorbachov, está catalogado en la normativa urbanística como bien protegido de “grado uno”. Esto supone, según el texto legal, que solo se permiten "obras de conservación y mantenimiento". En el mismo texto se especifica que el estado de conservación es "bueno", lo que no haría explicable el proyecto que se está ejecutando como obra necesaria para preservar la integridad del edificio.

El proyecto que ejecuta el CSIC ha supuesto la eliminación completa de la distribución interna del palacio para convertirlo en sede de un centro Científico Tecnológica Singular, un laboratorio con un centro de proceso de datos con capacidad de un millón de gigabites.

Esta transformación, además de superar con creces la “conservación y mantenimiento” permitidos por la norma también supone una transgresión de la disciplina urbanística en cuanto al “uso” permitido por el Plan General de Ordenación Urbana, que solo lo contempla como “vivienda y residencia de investigadores e invitados institucionales”. Un cambio de uso tendría que ser autorizado también por el Ayuntamiento.

Por último, las obras se han llevado a cabo sin que las autoridades competentes en materia de patrimonio tuvieran conocimiento oficial de las mismas, pese a su grado de protección. La norma prevé que actuaciones en bienes de este tipo o en su entorno “se sometan a comunicación previa”.

Ni siquiera la dirección del Parque Nacional, que corresponde a la Junta de Andalucía, ha conocido el proyecto, al que solo se hizo alusión, sin detalles, en un consejo de participación.

El portavoz parlamentario del PSOE andaluz y diputado por Huelva, Mario Jiménez, habló claramente de actuación “ilegal” y calificó de “inverosímil” esta actuación del Gobierno y de una entidad científica que tiene que velar por la preservación de un entorno tan “sensible” como Doñana. Jiménez exigió el cumplimiento de la ley y pidió al Ayuntamiento que trate al CSIC como a cualquier ciudadano, a quienes se les exige el cumplimiento estricto de las normativas.

En el mismo sentido se pronunció el delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, quien exigió una respuesta “inmediata” del Gobierno y que “cumpla como cualquier ciudadano”. “Es incomprensible”, afirmó, “que el Ayuntamiento, que debe velar por el cumplimiento de la norma urbanística haga dejación de funciones”.