Jaque a la corrupción sanitaria

“Ha sido una constante corrupción de baja intensidad que ha ido pudriendo el sistema a lo largo de 20 años. No ha habido grandes golpes. Ha sido poco a poco, contrato a contrato, adjudicación tras adjudicación, cómo gestores sanitarios y empresarios han tejido una maraña de intereses para lucrarse con fondos públicos. Y nada hubiera sido posible sin la complicidad de cargos políticos”. Así define el caso Innova uno de sus investigadores. El Juzgado de Instrucción 3 de Reus, la Fiscalía y la Guardia Civil llevan más de tres años tratando de deshacer la madeja del caso Innova en un proceso que amenaza con llevarse por delante a muchos responsables de la sanidad catalana.

No es casual que Reus (Tarragona) haya sido el detonante del proceso judicial en marcha. En la ciudad confluyen los dos ingredientes del caldo de cultivo que ha alimentado la trama: el flujo constante de fondos públicos y el escaso control sobre su destino. El dinero lo pone el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), que con 8.040 millones en 2014 gestiona dos de cada cinco euros del presupuesto de la Generalitat. Pero el CatSalut, que tiene a dos de sus últimos tres directores (Josep Prat entre 1998 y 2003 y Carles Manté de 2004 a 2008) como principales imputados en la causa, apenas gestiona ese dinero. Lo transfiere a entes como Innova, el gigantesco holding de empresas municipales de Reus que llegó a controlar el 74% del presupuesto del Ayuntamiento. Y era en los consejos de administración de Innova, formados por los concejales pero lejos de la luz de los plenos municipales, donde se decidía adónde iban a parar 400 millones de euros anuales. Una veintena de ediles de CiU, PSC, ICV y ERC, entre ellos el exalcalde socialista Lluís Miquel Pérez, también figuran entre los imputados del caso.

El principio del fin del montaje fueron las pasadas elecciones municipales. Tras 30 años de sólidos consensos, un joven que hasta entonces era jardinero municipal, David Vidal, fue elegido como concejal en las listas de la CUP, una formación asamblearia, anticapitalista e independentista. Como edil, Vidal empezó a sentarse en los consejos de administración de Innova. “Al principio no entendía nada. Todo se aprobaba en un segundo, sin explicaciones y sin que nadie preguntara”, ha explicado Vidal en repetidas ocasiones. “Empecé a cuestionar cosas, pero se reían”, añade. Fue la CUP la que llevó a la Fiscalía la acumulación de cargos de Josep Prat, máximo ejecutivo de Innova y que cobraba un sueldo, que no se hizo público hasta muy avanzado el caso, de 280.000 euros al año. Prat era también vicepresidente del grupo sanitario privado USP y número 3 del Departamento de Salud tras ser recuperado por el actual consejero, Boi Ruiz. Poco después EL PAÍS desveló que Prat había utilizado la estructura de Innova para pagar 720.000 euros por trabajos supuestamente inexistentes a Carles Manté, su sucesor al frente del CatSalut. Las investigaciones en marcha se aceleraron y el juez Diego Álvarez de Juan empezó a abrir una pieza separada tras otra a medida que iban llenando su mesa sobornos, contratos fraudulentos, adjudicaciones a dedo, facturas falsas e informes de la Agencia Tributaria.

Contrato a contrato, adjudicación tras adjudicación, gestores sanitarios y empresarios han tejido una maraña de intereses para lucrarse con fondos públicos

El macroproceso judicial en marcha tiene aún mucho por investigar. Gran cantidad de información está bajo secreto de sumario. Pero lo que ha trascendido muestra una forma de hacer las cosas que lleva a los investigadores a calificarla de “constante corrupción de baja intensidad”. Los autos del juez Álvarez de Juan son ricos en expresiones como “esquizofrenia contractual”, “omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido” y “grosera falta de control del dinero público”. A medida que avanzaban las investigaciones, también crecía la cantidad e importancia de instituciones y personas implicadas. Lo primero fue la extensión de la trama corrupta siguiendo los negocios de Innova por buena parte de la por la provincia de Tarragona. Luego llegó el registro de la Guardia Civil en la casa de Josep Prat, donde los investigadores hallaron suficiente documentación para reescribir la historia de la sanidad catalana. Las adjudicaciones bajo sospecha alcanzaron a la Generalitat y al presidente de la Diputación de Tarragona, Josep Poblet (CiU), que fue imputado por los pagos hechos desde Vila-seca, localidad de la que es alcalde, a un exalto cargos del CatSalut. En las pesquisas entraron en escena grandes constructoras como Comsa (también investigada en el caso Pujol), consultoras y todo tipo de empresas proveedoras de servicios sanitarios. Un asunto destacado es el del transporte sanitario, con empresas como Ambulancias Baix Ebre y Ambulancias Reus. La primera es propiedad del presidente de la patronal nacional del sector, Bernardo Coslado, también detenido e imputado en la causa. La segunda, cuyas instalaciones han sido registradas este martes, tuvo como consejero en algunos de los años investigados a Xavier Pomés, exconsejero de Sanidad e Interior de los gobiernos de Jordi Pujol.

Las reacciones políticas del caso han ido cambiando desde el desdén inicial a cambios de profundo calado. El PSC, que desde las primeras elecciones democráticas y hasta 2011 gobernó en Reus, empezó ignorando el caso. No solo estaba en juego la figura del exalcalde Lluís Miquel Pérez, sino también la de la exconsejera de Sanidad Marina Geli. No en vano, como Josep Prat declaró ante el juez, algunas de las decisiones adoptadas en Innova se hicieron siguiendo las indicaciones de Geli. En el seno del partido, sin embargo, han ido ganando fuerza las voces partidarias de tomar distancia de la llamada sociovergència, el acuerdo tácito por el que los dos grandes partidos catalanes gestionaron sin hacerse oposición la sanidad catalana y que tiene al caso Innova uno de sus máximos exponentes. La marcha de Geli hacia posiciones soberanistas ha acelerado este cambio.

El caso Innova es uno de los máximos exponentes de la sociovergència, el acuerdo tácito por el que los dos grandes partidos catalanes gestionaron sin hacerse oposición la sanidad catalana

CiU, en cambio, ha pasado de colaborar en las primeras fases de la investigación a enfrentarse abiertamente con el juez Álvarez de Juan. El alcalde de Reus, Carles Pellicer (CiU), en el cargo desde 2011, atacó con dureza la gestión de Prat y los pagos a Manté cuando se hicieron públicos. El siguiente paso fue reestructurar Innova para reducir el tamaño de las empresas municipales. Vistas con la perspectiva del paso del tiempo, estas decisiones parecen el intento de levantar un gran muro de contención que ahora se resquebraja. La imputación de Poblet, apoyado en todo momento por Artur Mas, fue la primera señal. La detención ahora de su mano derecha, la teniente de alcalde Teresa Gomis, marca el punto final de los intentos convergentes de endosar las responsabilidades a los anteriores Gobiernos socialistas de Reus. Las palabras de esta mañana del portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, cuestionando al juez del caso y recurriendo a falsedades (ha dicho que la Audiencia de Tarragona no vio motivo para imputar a Josep Poblet cuando en realidad fijó el cambio del juzgado competente), ilustran la posición de beligerancia defensiva que ha adoptado CiU.